La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia por sedición interpuesta el pasado viernes por la Fiscalía tras las concentraciones registradas a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, donde manifestantes trataron de impedir «por la fuerza» la actuación de la comisión judicial y de la Guardia Civil con motivo de las detenciones de altos cargos y los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

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En un auto fechado este miércoles, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, considera que este órgano es el competente para investigar los hechos al entender que la actuación de los manifestantes era la de atentar «contra la forma actual de gobierno en España» y aprecia indiciariamente uno de los supuestos que prevé el Código Penal para la perpetración del delito: un alzamiento tumultuario para evitar que la Guardia Civil y la Administración pudieran ejercer sus funciones. «Del relato de hechos que se efectúa por el Ministerio Fiscal, se infiere desde luego la existencia de una multitud de personas ante los edificios que eran objeto de registro que de forma desordenada y violenta (golpeando y causando daños considerables en coches oficiales, pinchando sus ruedas, atacando la sede del PSC, donde agredieron a militantes socialistas, e impidiendo a agentes de la autoridad y funcionarios públicos abandonar los locales registrados) trataban de impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones».

La instructora acepta la petición del fiscal y ordena a la Guardia Civil que elabore un atestado en el que detalle la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona»,

La juez Carmen Lamela ya archivó una denuncia por sedición contra un ayuntamiento barcelonés

Lamela, la magistrada que consideró delito de terrorismo la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), ya instruyó una denuncia de la Fiscalía por rebelión y sedición contra el Ayuntamiento barcelonés de Premiá de Dalt por la aprobación de una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán. La juez terminó archivándola al entender que no concurrían los supuestos que el Código Penal exige para la perpetración de esos delitos: el alzamiento no fue ni tumultuario (sedición) ni violento (rebelión).

La denuncia presentada ahora por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo por sedición a raíz de los altercados de Barcelona de la pasada semana atribuye esta conducta delictiva a las «personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones» pero también a la “existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas” que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o «movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación». Este delito conlleva una pena de prisión de 8 a 10 años y de 10 a 15 años si quien lo comete es «una persona constituida en autoridad», según el artículo 545 del Código Penal.

El papel de ANC y Òmnium

En su escrito, el fiscal apunta directamente a la responsabilidad de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -una de las dos asociaciones que trabajan en favor de la independencia junto a Òmnium Cultural- al detallar que esta organización montó un puesto en el número 20 de la Rambla en la que se repartían chalecos y desde donde “se organizaban los turnos de relevo”. En un intento de que los guardias civiles no pudieran llevarse a los detenidos, destaca, los voluntarios «hicieron un cordón» ante las puertas de Economía y Hacienda.

Igualmente señala al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que también llamó a la «movilización permanente» frente a las actuaciones que está llevando a cabo el Estado de Derecho para impedir el referéndum de autodeterminación. «Posteriormente, y vista la situación provocada, pidieron [Cuixart y Sànchez] a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración, que continuó ante la sede de la Consejería», añade.