El operativo policial desplegado por el Ministerio del Interior en Cataluña para intentar neutralizar el referéndum de autodeterminación de este domingo tendrá un coste para el Estado de más de 31,77 millones de euros, cantidad que incluye fundamentalmente la productividad y los gastos de alojamiento y manutención de los agentes desplazados a esta comunidad ante el reto independentista.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han movilizado desde el pasado 20 de septiembre a varios millares de agentes de ambos cuerpos para intentar desbaratar la preparación de la consulta y el desarrollo del 1-O, en cumplimiento de las órdenes dictadas tanto por la Fiscalía Superior de Cataluña –primero- como por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la querella contra Carles Puigdemont y el resto de su gobierno por la firma del decreto de convocatoria del referéndum. El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha eludido precisar cuántos agentes integran este contingente por razones de seguridad, pero se da por segura la presencia de más de 10.000  funcionarios estos días en Cataluña entre los movilizados y los que tienen plaza en esta región.

Fuentes de Interior han confirmado a El Independiente que el coste del operativo extraordinario desplegado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ascenderá a 31.776.643,41 euros, de los que más de 20,43 millones corresponde a la productividad que se abonará tanto a los policías nacionales (11,23 millones) como a los guardias civiles (9,20 millones) como complemento a sus sueldos.

El grueso del dinero es para abonar productividad a los policías y guardias civiles que han participado en el dispositivo

Se trata de una compensación económica que percibirán también los funcionarios adscritos a la Jefatura Superior de Cataluña –principalmente Unidades de Intervención Policial (UIP), Policía Judicial y servicios de Información- y que los agentes cobrarán de forma íntegra, toda vez que será el propio Ministerio del Interior el que corra con las gastos derivados del alojamiento y manutención del contingente. Esta partida asciende a 11.270.008,41 euros, de los que casi la mitad (5.586.431,41 euros) están relacionados con el flete de tres barcos –dos atracados en el puerto de Barcelona y otro en el de Tarragona– para hospedar a los funcionarios de refuerzo. Los 5.683.577 euros restantes son el coste del alojamiento en hoteles de otros funcionarios policiales.

La concesión de indemnizaciones por razón de servicio está regulada en el real decreto 462/2002 de 24 de mayo, en el que se detalla quién tiene derecho a percibir dietas y su cuantía. En el caso de los policías nacionales y guardias civiles, englobados en el grupo 3 junto al personal militar de las Fuerzas Armadas, se estableció que le correspondían 44,47 euros en concepto de alojamiento y 27,65 por manutención. Estas cantidades se actualizaron en diciembre de 2005 mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, sin que se haya revisado desde entonces.

Subida de dietas

A propuesta del Ministerio del Interior, la Comisión Interministerial de Retribuciones acordó el pasado 19 de septiembre elevar la cuantía de las dietas por alojamiento y manutención de forma “excepcional” con motivo del despliegue policíal en Cataluña para hacer frente al desafío independentista. Ese acuerdo surtirá efectos desde el 12 de septiembre –un día después de la Diada, cuando ya habían sido desplazado efectivos– hasta finales de octubre o, al menos, mientras persistan los motivos alegados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

En virtud de este incremento, la dieta de alojamiento pasa a oscilar entre los 150 y los 130 euros –dependiendo de si la reserva se gestiona de forma individualizada o centralizada- y la de manutención queda establecida en 37,40 euros. De esta forma, Interior ha conseguido que la compensación económica por el servicio extraordinario encargado a los agentes no sea un motivo de polémica.

El coste para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tendrá el desarrollo de un dispositivo especial se completa con gratificaciones por importe de 70.000 euros en la Secretaría de Estado de Seguridad, el departamento de Interior que se ha encargado del diseño de todo el operativo.