La investigación contra la presunta organización criminal de la familia Pujol en la Audiencia Nacional pone en apuros el tren de vida económico no sólo del ex presidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos, sino también de la tercera generación de la familia del molt honorable.

El juez José de la Mata de la Audiencia Nacional ha prorrogado en las últimas fechas el embargo de una serie de bienes inmuebles para "garantizar las responsabilidades pecuniarias" de los presuntos delitos económicos por los que se investiga al ex presidente catalán, su esposa y todos sus hijos, según una resolución a la que ha tenido acceso El Independiente. Entre estos bienes bajo embargo preventivo desde el año 2015 que ahora se prorroga se encuentra un piso de Nuria Pujol Gironés, hija de los investigados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés.

La vivienda, ubicada en el selecto barrio barcelonés de Sarriá, es uno de los bienes que la justicia tiene bloqueado en previsión de la ejecución de futuras sentencias condenatorias, para asegurar el pago de las multas impuestas. Esto supone que el propietario del bien, en este caso la nieta de Jordi Pujol, no puede poner en venta la vivienda hasta que haya una resolución judicial firme.

El embargo de bienes inmuebles por procedimiento judicial llega, según el artículo 592 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, después de haber embargado el dinero líquido o cuentas corrientes, créditos, títulos o instrumentos financieros, joyas, rentas en dinero, intereses, rentas, frutos de toda especie y bienes muebles a los investigados.

El hecho de que De la Mata prorrogue el embargo contra hasta cuatro bienes inmuebles de la familia Pujol (una finca en Puigcerdá, Gerona; una vivienda de Pujol Ferrusola y Mercé Gironés; una vivienda de la familia a nombre de un testaferro y el piso mencionado de la nieta) demuestra las dificultades que están encontrando los investigadores para dar con los bienes y el dinero líquido de la familia.

El rastro en Andorra y Luxemburgo

Precisamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este lunes la prórroga de la instrucción del Juzgado Central de Instrucción número 1 contra los Pujol hasta el 23 de marzo de 2021, atendiendo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que la investigación no está finalizada.

El instructor argumenta que la prórroga está "plenamente justificada" porque continúa necesitando la "realización de pericias complejas, práctica de actuaciones en el extranjero y revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas" que pudieran ayudar a Jordi Pujol o a sus hijos a ocultar fondos de procedencia ilícita en el extranjero.

Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción y De la Mata siguen el rastro de movimientos de miembros de la familia Pujol y testaferros suyos en Luxemburgo y Andorra, país donde apareció la multimillonaria fortuna del ex presidente catalán que atribuye a una herencia de su padre, Florenci Pujol.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma que la investigación debe continuar para que el juez reciba la información de las últimas diligencias solicitadas, las comisiones rogatorias a Luxemburgo y Andorra, así como auxilios judiciales de la Agencia Tributaria sobre las operaciones económicas de los Pujol investigadas.