El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao entre 2012 y 2014.

Según el magistrado, la compra desde el organismo público se hizo con un sobreprecio para que el ex presidente madrileño y otros procesados se repartieran comisiones por la operación bajo la «supervisión y vigilancia» de González, entonces presidente del Canal de Isabel II.

El auto en el que el juez propone juzgar a siete personas y archiva la causa contra otras 14, describe el proceso de compra de la compañía brasileña por 32 millones de dólares. Según recoge el instructor, se hicieron distintas transferencias en cuentas en el extranjero para que las comisiones pagadas a los cargos públicos y empresarios acabaran en Brasil y Suiza. El importe de dichas comisiones, de acuerdo con el auto, fue, en el caso Ignacio González, 1,8 millones de dólares y en el caso de Edmundo Rodríguez, Diego Fernando García Arias, Ramón Navarro Pereira y Luis Vicente Moro Díaz, de 900.000 dólares para cada uno.

La operación

Los hechos investigados se remontan a 2013, cuando se buscó la expansión internacional del Canal de Isabel II. Concretamente en Brasil, a través de las sociedades del ente público Inassa y Canal Extensia, buscaron hacerse con el 75% de Emissao para lo que utilizaron la sociedad uruguaya Soluciones Andinas del Agua (SAA) participada en un 50% por cada una de ellas.

Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa; Diego Arias, director de nuevos negocios de Inassa; Luis Vicente Moro, vinculado a la mercantil Essentium y Ramón Navarro, director gerente de Triple A, pactaron llevarse 4 millones de euros en comisiones ilegales a través de un sobrecoste de la compra, según todos los indicios recabados en la investigación que el juez estima para llevarlos a juicio. Para ello, contaron con la colaboración de Sebastiao Cristovam, propietario de Emissao, «quien se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos», según el auto.

Según la investigación, «la compra estuvo plagada de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe de entre 6,4 y 9,6 millones de euros debido al sobreprecio pagado por su adquisición».

Los procesados también contaron con la ayuda de Luisa Fernanda Richmond, directora financiera de Canal Gestión y consejera de Canal Extensia quien «conociendo en qué circunstancias se llevaría a cabo la operación -sobreprecio injustificado- desde el ámbito de sus competencias y su alta responsabilidad facilitó su tramitación, ocasionando un grave perjuicio en el Ente público».