Amnistía Internacional (AI) hará campaña por la puesta en libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, tras reclamar hoy la anulación de su condena por sedición. Es la principal conclusión del informe de la ONG sobre el juicio a los líderes del proceso independentista. AI han rechazado las conclusiones de los «observadores internacionales» auspiciados por le independentismo y ha validado que se trató de «un juicio justo» pero advierte contra la aplicación del delito de sedición.

«AI está comprometida con ese objetivo, ahora hará gestiones para conseguirlo» ha advertido el presidente de la ONG, Esteban Beltrán, en la presentación del informe. Amnistía «no es solo una organización de investigación sino también de acción y campaña» ha añadido en referencia a la petición de puesta en libertad de los jordis y la anulación de su condena por sedición. «Seguiremos trabajando con las autoridades» para alcanzar ese objetivo.

En este contexto, Beltrán ha distinguido entre los líderes de ANC y Ómnium y los otros siete condenados, todos ellos miembros del Govern excepto Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

«Hacemos una diferencia entre miembros de la sociedad civil y las autoridades», ha advertido, recordando que los primeros tienen el amparo del derecho fundamentales que protegen a las personas, no a las instituciones.

Reforma del delito de sedición

En su informe, Amnistía Internacional expresa su «preocupación» por la definición del delito de sedición en la legislación española y la interpretación hecha por el Tribunal Supremo. Para AI, esa interpretación impone «restricciones desproporcionadas a conductas que, si bien podría representar el quebrantamiento de una ley, pueden estar amparadas por los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica».

De hecho, en su informe sobre el juicio el caso del ‘procés’, Amnistía Internacional hace tres recomendaciones, de las que la primera es al legislativo español para que «revise sustancialmente la definición del tipo penal de sedición» con el objetivo de «garantizar que no criminaliza indebidamente actos de desobediencia civil ni impone penas desproporcionadas para acciones» de ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica.

AI reclama además a la Fiscalía del Tribunal Constitucional que tenga en cuenta, en los probables recursos legales que los condenados por el procés presentarán a partir de ahora, que se ha «vulnerado el principio de legalidad» al aplicar el delito de sedición de un modo tant vago que sus consecuencias no resultan previsibles para los condenados.

La condena de 9 años supone una pena excesiva para actos derivados de la libertad de expresión» advierte el presidente de AI

La tercera conclusión del informe es precisamente esa reclamación de libertad para los jordis y anular la condena por sedición en su contra. «Esa pena de nueve años supone una sanción excesiva a actos que se derivan del ejercicio del derecho a la libertad de expresión» ha advertido Beltrán, insistiendo en que la organización es especialmente crítica con la condena impuesta a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entonces líderes de la ANC y Ómnium respectivamente, por su participación en la concentración del 20 de septiembre de 2017 para bloquear la comitiva judicial que registraba.

La organización ha presentado este martes sus conclusiones sobre el juicio a los líderes del ‘procés’ y a las penas dictadas por el Tribunal Supremo, en las que pide además la libertad para los dirigentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, puesto que su condena supone una «amenaza» a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.

«Aunque cabe que los dirigentes políticos catalanes hubieran cometido un delito perseguible legítimamente teniendo en cuenta los cargos que ocupaban, su condena por sedición -un delito definido con excesiva vaguedad- vulnera el principio de legalidad internacional de derechos humanos», argumenta AI en el documento, respecto a las sentencias a los exmiembros del Govern y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.