El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, inhabilitado a nueve años como autor de un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, ha asegurado que «el Consejo de Gobierno nunca tuvo una advertencia de que el procedimiento de ayudas a los trabajadores fuera ilegal o menoscabase a nadie».

En su primera intervención pública que ha realizado en la Cadena Ser, Chaves ha añadido que no comparte la sentencia dictada el pasado 19 de noviembre por la Audiencia de Sevilla porque tiene la convicción de la legalidad de todas las decisiones que se han adoptado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mientras él he sido presidente.

Según Chaves, se realizaron informes pero «solo dijeron que el procedimiento era inadecuado, nunca se dijo que fuera ilegal». «A mí me sorprende que durante 10 años, 10 presupuestos, cientos y cientos diputados de todos los partidos… ¿Nadie se dio cuenta y nadie advirtió de la ilegalidad de esas transferencias?», se ha preguntado retóricamente.

En torno a este proceso se ha creado un ambiente de culpabilidad hacia nosotros»

A la pregunta de si considera que la decisión de la Audiencia puede estar contaminada por la presión mediática, el ex presidente ha dicho que «en torno a este proceso se ha creado un ambiente de culpabilidad hacia nosotros. Desde el primer hasta el último momento no se ha abstraído de este contexto de que somos culpables».

«Yo solo he tomado decisiones políticos, yo no conozco los procedimientos porque no los tengo que conocer y la financiación esta en la ley de los presupuestos y una ley, por definición, no puede ser ilegal», ha continuado y admite que se equivocó en no vigilar y que si llega a saber que las decisiones eran ilegales «habría actuado». «Puedo haber algunos abusos pero, repito, nada ilegal», ha sentenciado.

Este viernes, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que juzgó la pieza política de los ERE notificará finalmente el auto con su decisión sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que ingresen ya en prisión los ex consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política de los ERE, al ver incrementado, tras la sentencia y los nuevos encausamientos judiciales, el riesgo de fuga.