La «fractura social y la polarización» son dos de los factores de seria preocupación para los empresarios y directivos catalanes, que reclaman ante todo estabilidad política en esta comunidad y más inversiones en infraestructuras, según el estudio elaborado por PwC y presentado hoy ante la ministra de Economía y la consellera de Empresa. Los consultados reclaman especialmente a las administraciones «garantizar seguridad y movilidad». Son «los dos temas que más preocupan» ha reconocido el responsable del estudio, Ignacio Marull, en su presentación ante la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la consellera de Empresa, Àngels Chacon.

La crítica a la inestabilidad política ha sido puntualmente respondida por Chacon, quien ha defendido los datos económicos de los últimos cinco años y ha advertido al empresariado catalán que, si quieren estabilidad política, apoyen su reclamación de diálogo para pactar un referéndum de independencia. Una reivindicación que Calviño ha optado por obviar, limitándose a responder al estudio con una reivindicación de una rápida investidura de Pedro Sánchez para aportar un clima de estabilidad política.

«La inestabilidad política es perjudicial para negocios, para atraer inversiones y generar riqueza» ha reconocido la ministra en funciones, quien ha reclamado como solución una rápida investidura que favorezca también la aprobación de presupuestos para solucionar la segunda gran queja del empresariado catalán, la falta de inversión en infraestructuras. «Espero no tardar en investir presidente porque tenemos mucho que hacer y España necesita un gobierno cuanto antes» ha concluido Calviño.

La ministra ha asegurado además que «paso mi tiempo defendiendo el tejido industrial catalán porque queremos que sea motor de la economía española» después de que Chacon recriminara los discursos que a su juicio ponen en cuestión la capacidad económica catalana a raíz del proceso independentista.

La supuesta inestabilidad de Cataluña es consecuencia de no resolver el conflicto político» ha argumentado Chacon

«La supuesta inestabilidad de Cataluña es consecuencia de no resolver políticamente un conflicto político», ha argumentado Chacon, refiriéndose a la composición del Parlament catalán como la demostración de que «son los ciudadanos quienes con su voto ponen este tema sobre la mesa».

«A todos nos preocupa el tejido productivo», ha añadido la consellera, quien ha concluido que «si queremos más oportunidades hagamos nuestra contribución fomentando el diálogo que dé respuesta al conflicto en Cataluña». Una respuesta que para Chacon pasa por un referéndum, que no ha mencionado explícitamente pero sí ha reclamado ante Calviño al asegurar que «Cataluña debe decir democráticamente su futuro en las urnas como piden los catalanes con su voto».

Chacon se ha revuelto además contra las criticas empresariales sobre las consecuencias del procés, defendiendo los datos económicos de Cataluña. «Pese a todo», ha apuntado, en los últimos cinco años ha crecido el PIB, se ha reducido el paro, lideramos el número de empresas en España, «y en 2018 conseguimos por octavo año consecutivo un récord de exportaciones». En este contexto ha recriminado al Gobierno los incumpliientos en materia de inversiones en grandes infraestructuras como el Corredor Mediterráneo o las cercanías de Barcelona y ha defendido la gestión de los gobiernos independentistas en materia económica.

«Que no nos hagan escoger entre la defensa de nuestros derechos y libertades, por las que ya estamos pagando un precio muy alto, y la economía, porque hacer empresa también es hacer país» ha concluido con un discurso que la aleja de sus socios parlamentarios -la CUP- e incluso de algunos miembros de JxCat.

Alerta por la inestabilidad en Cataluña

El estudio elaborado en base a 50 entrevistas personales y una encuesta online a 200 directivos señala que a “les preocupa especialmente la polarización de la sociedad catalana y los efectos económicos adversos que esta pueda tener”. Todo ello en base a entrevistas y grupos de trabajo realizados entre febrero y julio de 2019, es decir, en los meses previos a la radicalización de las protestas, a partir del 14 de octubre, cuando se hizo pública la sentencia del procés.  

El informe muestra, según Marull, «el retraimiento de la demanda interna, muy agudo pero que dura poco en el tiempo» tras el otoño de 2017. El responsable del informe ha señalado además que esa «inestabilidad» perjudica a las inversiones porque ha llevado a «poner sobre la mesa el riesgo geopolítico, una variable que antes no estaba y ahora está».

Respecto a la incidencia de la salida de sedes sociales tras el referéndum del 1-O y la declaración de independencia, «hay diversidad de opiniones» en el corto plazo, pero la mayoría de los consultados coincide en que «tendrá consecuencias a medio y largo plazo» si no se revierte. En este contexto, el 75% vuelve a destacar la necesidad de estabilidad política para el retorno de sedes sociales.

Desigualdad fiscal

En materia fiscal, los empresarios reclaman una fiscalidad que impulse la actividad económica y, sobre todo una «armonización fiscal» entre comunidades. Consideran, según Marull, que «Cataluña está en una situación de pérdida de competitividad desde el punto de vista fiscal comparado con el resto de España y tiene una necesidad imperiosa de aprobar presupuestos, pero unos presupuestos razonables que impulsen el dearrollo económico».

En este contexto, el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, ha denunciado que «estamos creando un Madrid D.F. que encima es oasis fiscal» y ha advertido de que esta dinámica «no es bueno para Cataluña pero tampoco para España, va en contra de modelo alemán» que a su juicio debe ser el modelo a seguir para evitar el proceso de despoblación de amplias zonas de España.

Faus ha defendido, en este sentido, la necesidad de recuperar la idea de la «bicapitalidad» de Barcelona que en su momento defendió Pasqual Maragall, señalando que la capital catalana debe explotar su potencial y ayudar a equilibrar la distribución de poder en España. Y ha concluido que esta bicapitalidad tendría efectos económicos, pero también «ayudaría a resolver» la crisis territorial.

El informe señala además la preocupación por el empleo y el hecho de que el mercado de trabajo en Cataluña no haya recuperado un tercio de los puestos de trabajo que se destruyeron durante la última crisis económica.