La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala Segunda del alto tribunal que investigue a la diputada y portavoz de Junts per Catalunya Laura Borràs por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad por la adjudicación de contratos presuntamente irregulares a un conocido en la Institución de las Letras Catalanas cuando dirigía la institución.

Según el Ministerio Público, la diputada, como responsable del organismo cultural catalán, adjudicó contratos por un valor de 18.000 euros a Isaías Herrero Florensa, con el que tenía una «relación personal y profesional previa, lo que motivó que se favorecieran los intereses de aquél». Por el carácter de aforada de Borràs, la Fiscalía se dirige al Supremo, el órgano judicial competente que tendría que decidir si la cita a declarar como investigada.

El juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que comenzó a investigar los hechos, ha encontrado indicios de responsabilidad criminal contra la aforada, por lo que una vez se solicite el suplicatorio al Congreso de los Diputados y la Cámara autorice la continuación de la investigación, el fiscal Javier Zaragoza que firma el escrito solicita que el Supremo le cite a declarar como investigada salvo que lo haga voluntariamente.

Precisamente la tarde de este martes estaba previsto que tuviera lugar una reunión entre la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y las diputadas del partido de Quim Torra, Laura Borràs y Míriam Nogueras, en el marco de las negociaciones para cerrar la investidura de Pedro Sánchez. Una hora después, el PSOE se reunirá con representantes de Esquerra Republicana de Catalunya.

Los hechos investigados

Según el escrito de la Fiscalía, de la investigación en el juzgado catalán «resulta indiciariamente acreditado que entre los años 2013 a 2017 hubo un fraccionamiento de los contratos de programación informática aprobados y asignados por la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a favor del investigado Isaías Herrero Florensa» quién, utilizando distintas las socieda o a través del también investigado Andreu Pujol Martin y de su empresa APMG&CE. SL, habría facturado servicios recurrentes de programación informática efectivamente prestados por él mismo, reflejando en las facturas conceptos y/o importes totalmente inventados». Según el Ministerio fiscal, con dicho procedimiento de contratación se pretendía «ocultar que al efectivo prestador de todos ellos era Isaías Herrero Florensa», saltándose la Ley de Contratos del Sector Público.

Para conseguir ese fraccionamiento de contratos no permitido, el investigado «aportó a cada uno de los irregulares procedimientos de adjudicación tres presupuestos de los cuales dos, como mínimo, eran falsos o simulados».

Según la Fiscalía, en ese falso proceder «participó material y directamente» la entonces directora de la ILC Laura Borràs, quien «abusando de dicha función adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática a Isaías Herrero, actuando de común acuerdo y de manera concertada con éste último para defraudar a dicha Institución, mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos así como mediante la falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público».