El presidente de la Generalitat ha sido condenado a año y medio de inhabilitación y a pagar 100 euros al día durante 10 meses por un delito de desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos de las instituciones públicas. Así lo acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de un comunicado.

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El presidente catalán tiene ahora cinco días para recurrir la sentencia del TSJC, que en 58 folios, da por buenas las tesis de la Fiscalía y considera que desobedeció, sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad, la decisión de la Junta Electoral Central. La JEC ordenó a Torra que, una vez convocadas las elecciones del pasado 28 de abril, retirara toda la simbología partidista exhibida en edificios públicos, lo comunicó en tiempo y forma, y dio un plazo para la citada retirada sin que ello se
atendiera.

El TSJC reafirma en su sentencia la autoridad de la JEC sobre los gobiernos autonómicos, rechaza las apelaciones de Torra y su defensa a la libertad de expresión y concluye que «el único objeto de debate en estos autos ha sido, a la vista de todo lo analizado,
la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad».

Es por ello que a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Catlauña «no queda sino la condena del president Torra por un delito de desobediencia».

Torra no ha tardado en responder. En una declaración institucional en el Palau ha anunciado que recurrirá el fallo y pedirá a los grupos del Parlament que lo ratifiquen en el cargo. «A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas», ha dicho. Además, ha arremetido contra los tribunales españoles: «Mi confianza en la justicia española es nula».