«No habrá reestructuración de Govern». La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha desmentido hoy las especulaciones sobre una eventual reestructuración del ejecutivo catalán en previsión de la inhabilitación de su presidente, Quim Torra, tras la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia.

El Govern confía en alargar este proceso judicial con un recurso ante el Tribunal Supremo, como ha confirmado hoy Budó, pero el PP ha encontrado la vía para acelerarlo: instar a la Junta Electoral para que aplique retroactivamente la inelegibilidad a Torra, retirándole el acta de diputado en el Parlament, lo que lo inhabilitaría automáticamente para ostentar el cargo de presidente de la Generalitat.

Algunas fuentes del entorno de JxCat han especulado con la posibilidad de que la formación de Carles Puigdemont promueva una reestructuración del Goovern para que sea un hombre del entorno del ex president quien ocupe la vicepresidencia, en previsión de que deba sustituir a Torra. Una responsabilidad que de otro modo recaerá en el republicano Pere Aragonés.

Estrategia judicial

Sin embargo Quim Torra está convencido de que el recurso planteado por PP, Cs y Vox ante la Junta Electoral no tiene ningún recorrrido, y confía en alargar el proceso judicial en su contra con recursos ante el Supremo. El primer paso será plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las cuestiones prejudiciales que ya desestimó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De aceptarse este recurso en la justicia europea, Torra está convencido de que podrá concluir su mandato sin temor al calendario judicial.

Si se desestima la apelación ante la justicia europea, el Supremo podría dirimir el recurso de Torra contra la condena del TSJC antes de que concluya 2020, pero aún así daría unos meses valiosos a JxCat para planificar el relevo o la convocatoria electora.

En este contexto, Budó ha reconocido hoy que «hay especulaciones» que apuntan al conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, -el responsable de la «república digital»- pero ha dejado claro que no comentará esas especulaciones. «No se habla de reestructuración, el escenario es que se archive la causa y el Govern siga trabajando» ha asegurado, añadiendo que si se confirma la condena a Torra el objetivo prioritario del Govern será «proteger las instituciones y en eso trabajaremos, en proteger la presidencia de la Generalitat».

Batalla en la JEC

El primer paso lo han dado en la JEC, donde el PP, seguido después por Cs y Vox, ha reclamado la inhabilitación exprés de Torra. Una pretensión que el president tacha de «intento de fraude de ley» en su escrito de alegaciones.

El PP solicitó a la Junta Electoral Provincial que retire la condición de diputado del Parlament a Torra y nombre al siguiente de la lista de JxCat alegando que el artículo 6.2.b) de la Ley electoral establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por «delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación» para ser elegido, o para empleo o cargo público.

Torra alega, por contra, que el PP pretende privar al Parlamento catalán de sus competencias sobre incompatibilidades de los diputados y al TSJC de su competencia para «llegado el caso, ejecutar la sentencia dictada, si llegara a ser firme», por lo que pide que se inadmita la petición de los populares.

En su escrito adverte además de que la intención del PP no es solo la ejecución de una sentencia penal que aún no es firme, sino también privar de cualquier eficacia el recurso de casación mediante «una especie de ejecución provisional encubierta por autoridad manifiestamente incompetente».