Política

Bronca entre JxCat y ERC por la estrategia de defensa jurídica de Torra

Torra TSJC

Quim Torra ante el TSJC junto a su esposa y sus abogados Efe

La estrategia de defensa jurídica del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha provocado el enésimo enfrentamiento entre los dos socios del gobierno catalán, cada vez más incapaces de ocultar sus diferencias. La principal bronca, soterrada, se produjo de nuevo entre Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent, sobre quien debía liderar la ofensiva judicial ante el Parlament.

Pero las diferencias se trasladaron también a las redes, donde el portavoz parlamentario de JxCat, Albert Batet, abroncó al vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, por dar por hecha la inhabilitación de Torra. Mientras, desde el equipo jurídico del president que lidera Gonzalo Boye defienden que la condición de diputado en el Parlament no es imprescindible para mantenerse al frente de la Generalitat y afean a los letrados del Parlament que lo dieran por sentado en sus alegaciones ante la Junta Electoral provincial.

Aragonés abrió ayer el fuego, sin aparente voluntad, al asegurar en una entrevista radiofónica que si Torra es inhabilitado él no ocupará su lugar, sino que ejercerá las funciones por delegación a la espera de que el Parlament nombre a un nuevo presidente de la Generalitat. «¿Y lo que votamos el sábado en el Parlament?» respondía airado Batet en las redes, recordando al líder republicano el compromiso adquirido de «plantar cara» contra la decisión de la JEC. «No demos las cosas por hechas» concluía Batet, recuperando la expresión utilizada hace dos semanas por el propio Torra para recriminar a sus diputados, los de JxCat, que dieran por segura su inhabilitación.

El rifirrafe en los medios se sumaba a la batalla soterrada entre Torra y Torrent por la estrategia jurídica a seguir. El presidente del Parlament se precipitó la tarde del martes al anunciar que instaba a los servicios jurídicos de la cámara a pedir cautelares al Tribunal Supremo para que suspendiera la ejecución de la inhabilitación exprés dictada por la JEC. Una decisión que no había consultado con Torra, a la que el Palau de la Generalitat respondió de forma airada. El resultado: una hora después de anunciar en twitter su iniciativa, Torrent plegaba velas y dejaba la petición de cautelares en manos de Torra.

Este miércoles Torra ha presentado un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), en el que pide la suspensión cautelar del acuerdo de retirarle la credencial de diputado. El mismo que Torrent había anunciado doce horas antes. Poco después, el presidente de la Cámara anunciaba por su parte la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, después de ser informado por la Junta Electoral provincial de la sentencia contra Torra. Una vez notificado por parte de la Junta Electoral, el Parlament ya puede personarse en la causa.

En las últimas semanas, sin embargo, Torrent ha querido avanzar esa defensa desde el Parlament para frenar una nueva ofensiva de JxCat contra la presidencia de la cámara. Es decir, contra él, para forzarle a una eventual desobediencia en defensa del presidente catalán. Desde el Govern Meritxell Budó aseguraba ayer que «de momento estamos en la pantalla de la JEC» para evitar avanzar su postura sobre una eventual confirmación de la inhabilitación de Torra por parte del Tribunal Supremo.

Un escenario que sí contempla Torra y su entorno más próximo, como Batet, convencidos de que tras la votación del sábado el Parlament debería negarse a acatar la inhabilitación del president. Un escenario que llevaría a Torrent de nuevo a las puertas de la desobediencia, y que el dirigente republicano quiere evitar a cualquier precio.

Diputado y president

La precipitación de Torrent ha tenido, sin embargo, un efecto colateral indeseado para la estrategia jurídica de Torra. Desde la misma noche del 3 de enero, cuando la Junta Electoral acordó la inhabilitación exprés de Torra como diputado del Parlament, Gonzalo Boye empezó a argumentar que el Estatut y la Ley de la Presidencia especifican que el candidato a la presidencia de la Generalitat debe ser diputado, «pero en ningún lugar dice que deba seguir siéndolo para conservar el cargo». Boye argumentaba así que, incluso en el caso de que el Supremo defendiera la decisión de la JEC, ésta no debía comportar la renuncia de Torra como president.

Sin embargo, el argumento contrario lo encuentra la Junta Electoral en la defensa de Torra, puesto que las alegaciones presentadas en su día por los letrados del Parlament ante la Junta Electoral provincial señalan, que la condición de diputado autonómico es imprescidible para ejercer como president. Los letrados utilizaron ese argumento en defensa de Torra, precisamente para señalar las diferencias con el precedente de Canarias, que sirvió para inhabilitar a un alcalde.

En su recurso, Torra señala que la JEC genera confusión entre los conceptos de inelegibilidad e incompatibilidad y concluye que «esa confusión ni obedece a un descuido ni es inocente», sino que pretende justificar la usurpación de unas competencias que en ningún caso corresponden a la JEC, asegura el recurso.

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