Nueve años después, los controladores aéreos que protagonizaron un pulso laboral histórico a AENA y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que condujo a éste a declarar el estado de alarma, se sientan en el banquillo.

El próximo miércoles arranca el juicio contra 133 controladores aéreos que, siguiendo la convocatoria del sindicato mayoritario Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), impidieron el despegue de más de 1.300 vuelos desde Galicia a Madrid entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010, en pleno puente, afectando a más de 700.000 viajeros y a un total de 5.000 vuelos, lo que obligó al cierre del espacio aéreo.

Ante tal situación y tras un tenso pulso entre los representantes sindicales y el ministro de Fomento en aquella época, José Blanco, el Gobierno declaró por primera vez en la historia de la democracia española el estado de alarma, poniendo a militares a controlar el espacio aéreo, ante cuyas órdenes tuvieron que responder los controladores. Publicó la decisión en el Boletín Oficial del Estado aludiendo al derecho constitucional de los españoles a la libre circulación por todo el territorio nacional que se había visto impedido.

Por aquellas fechas, la junta directiva de USCA negociaba con AENA el segundo convenio laboral del personal aeronáutico. Exigían más personal y, para ello, decidieron no presentarse en bloque a sus respectivas torres de control, por lo que los aviones no podían despegar ni aterrizar.

La Fiscalía considera que los responsables del sindicato coordinaron la convocatoria y las acciones descritas «al margen de cualquier convocatoria formal de huelga» y contando con la colaboración esencial de los delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo. Por eso les acusa de un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica, recordando su condición de funcionarios públicos y la labor «esencial» que representaban.

La acusación pública pide multas que van de los 60.000 a los 75.000 euros en el caso de siete miembros que formaban parte de la Junta Directiva de USCA o eran miembros de su comité ejecutivo. Para éstos, el Ministerio Público también solicita que se les suspenda de empleo durante un año.

Acuerdo previo al juicio

De todos los acusados (133), la mayoría (119) han llegado a un acuerdo con la Fiscalía que se dará a conocer el mismo día del juicio, antes de que éste comience. Así, está previsto que sólo un reducido grupo de los controladores, los miembros de la ejecutiva de USCA, se sienten finalmente en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.

Además de las penas de multa y suspensión de empleo, el Ministerio Público también reclama a los acusados una indemnización conjunta y solidaria a los viajeros afectados «por el importe que acrediten haber pagado por billetes de avión cuyo vuelo fue cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad». Unas indemnizaciones de las que será responsable civil subsidiario el ente público AENA.

Relato de hechos

El escrito de acusación del Ministerio fiscal recuerda cómo ocurrieron los hechos aquéllos 3 y 4 de diciembre de 2010 que pasaron a la historia y que dieron al sindicato de controladores aéreos una repercusión mediática sin precedentes. A día de hoy, siguen reclamando a AENA un aumento de personal.

Según la Fiscalía, «entre las 17 y las 17.15 horas del 3 de diciembre de 2010, un grupo de 59 controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentó ante el responsable de la sala un documento escrito de su puño y letra en el que cada uno a su manera alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo. En la práctica, la dirección de AENA estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador».

Continúa el Ministerio Público que «el hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional Centro-Norte de AENA a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo. Así, al comienzo del turno de noche en el centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados». La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la dirección de USCA.