El Tribunal Supremo puede confirmar hoy con su aceptación de las medidas cautelares solicitadas por Quim Torra el calendario político con el que trabajan desde el gobierno de la Generalitat. Por lo menos, desde la Presidencia y la dirección de JxCat, el partido de Carles Puigdemont. Confirmado que Torra no deberá abandonar de inmediato sus responsabilidades como presidente catalán, los independentistas barajan ahora un escenario que pasa por una probable ratificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la inhabilitación de Torra por desobediencia y la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo verano.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo deben decidir hoy si mantienen la medida cautelar contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Torra tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un delito contra la Administración Pública.

La previsión de Torra y su equipo pasa por la aceptación de estas cautelares y que la Sala de lo Contencioso dé la razón al presidente catalán y deje en suspenso la inhabilitación exprés acordada por la Junta Electoral, en defensa de la presunción de inocencia de Torra, mientras sigue vivo el recurso a la decisión del TSJC ante la Sala Penal del Supremo. Si se mantiene ese criterio, defendido también por el fiscal del Contencioso, será la Sala Penal del Supremo la que marque el calendario.

Torra tiene de plazo hasta la primera semana de febrero para presentar su recurso ante el TS, acompañado por los del Govern y el Parlament. Y será a partir de entonces cuando el Alto Tribunal resuelva la inhabilitación del president, una decisión que los juristas de la Generalitat sitúan entorno a la primera quincena de abril.

Investidura o elecciones

A partir de ese momento, se abren dos posibilidades: La más improbable es que JxCat, ERC y la CUP consensuen un nuevo presidente, que debería salir del Grupo de JxCat; la más probable, abrir un periodo de interinidad liderado por el vicepresidente, el republicano Pere Aragonés. Inhabilitado el presidente Torra, los grupos tienen diez días para presentar un candidato a una nueva investidura. Superado ese plazo, se abre el periodo de dos meses hasta la convocatoria automática de elecciones.

Y a partir de ahí, 54 días para la celebración de los comicios, que de cumplirse estas previsiones se celebrarían en julio de este año. Se cumpliría así la previsión que explicitó este martes involuntariamente la consellera de presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, cuando aseguró que el Govern confiaba en aprobar los presupuestos pactados con los Comunes. "El trámite parlamentario concluirá en abril" avanzó Budó, apuntando que es entonces cuando se espera la sentencia sobre Torra.

Fuentes del Tribunal Supremo confirman que, tratándose de una decisión que afecta a derechos fundamentales la proceso del Alto Tribunal no puede alargarse en el tiempo. La sentencia sobre el fondo de la cuestión, la inhabilitación de Torra, se cerrará en meses. Pocos.