El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido ayuda este martes a las personas que votaron el 1-O para pagar la fianza de 4,1 millones de euros que ha fijado provisionalmente el Tribunal de Cuentas por el 1-O.

El Tribunal de Cuentas ha citado a las defensas de Puigdemont, de sus exconsellers y altos cargos de su Govern para comunicarles el acta de liquidación provisional con la cuantía que la instructora considera que se malversó para el 1-O, un total de 4.146.000 euros.

Puigdemont ha señalado que el órgano fiscalizador reclama la fianza a los impulsores del 1-O y ha advertido de que tienen 15 días para pagar y evitar el embargo, por lo que ha pedido aportaciones a la ‘Caixa de Solidaritat’: «Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos».

La citación del Tribunal de Cuentas responde a la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados por la Constitución, los mismos denunciantes del caso de Artur Mas, que finalmente fue condenado junto a Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc Homs y otros cinco funcionarios de la Generalitat al pago de 4,9 millones de euros.

Además de Puigdemont y Junqueras, entre los citados por el Tribunal están los ex consellers Dolors Bassa, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Sant Vila, Jordi Turull, Carles Mundó, Lluís Puig. La demanda incluye también a Neus Munté y Meritxell Serret, ex conselleras de Presidencia y Educación, respectivamente, que abandonaron el ejecutivo catalán en julio de 2017 por disconformidad con la celebración del referéndum del 1-O, además de más de una decena de altos cargos como Amadeu Altafaj o Antoni Molons, implicados también en la organización del referéndum y que están siendo investigados en la causa que instruye el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.