Política

El Tribunal de Cuentas calcula que la Generalitat se gastó 4,1 millones el 1-O

una instalación con urnas, en referencia al referendum del 1-O, en una calle del centro de Barcelona.

una instalación con urnas, en referencia al referendum del 1-O, en una calle del centro de Barcelona. EFE

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todo su Govern la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal de 1 de octubre, que ha cifrado provisionalmente en 4.146.000 euros, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El órgano fiscalizador ha citado a partir de la 09.30 horas a las defensas de Puigdemont, el que fuera su ‘número dos’ en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 29 personas, entre ellas exconsejeros y altos cargos para comunicarles el acta de liquidación provisional con la cuantía que la instructora considera que se ha malversado para celebrar el 1-O.

Esta cifra es aún provisional pues el Tribunal de Cuentas ha dado hasta las 11.30 horas de plazo para que los representantes legales de los investigados estudien el acta de liquidación y presenten las alegaciones pertinentes, lo que podría hacer que la cantidad varíe.

Una vez concluya este trámite se dará a conocer la fianza que se impondrá a los presuntos responsables para responder a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

La citación del Tribunal de Cuentas responde a la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados por la Constitución, los mismos denunciantes del caso de Artur Mas, que finalmente fue condenado junto a Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc Homs y otros cinco funcionarios de la Generalitat al pago de 4,9 millones de euros.

Además de Puigdemont y Junqueras, entre los citados por el Tribunal están los ex consellers Dolors Bassa, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Sant Vila, Jordi Turull, Carles Mundó, Lluís Puig. La demanda incluye también a Neus Munté y Meritxell Serret, ex conselleras de Presidencia y Educación, respectivamente, que abandonaron el ejecutivo catalán en julio de 2017 por disconformidad con la celebración del referéndum del 1-O, además de más de una decena de altos cargos como Amadeu Altafaj o Antoni Molons, implicados también en la organización del referéndum y que están siendo investigados en la causa que instruye el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

En la citación el Tribunal de Cuentas alude a la «existencia de diversas salidas de fondos de la Generalitat destinados a afrontar los gastos para la realización del referéndum ilegal» celebrado el 1-O de 2017 y da cinco días a los citados para recurrir esta citación. En ella se fijará la liquidación provisional de los gastos del 1-O se requerirá a los citados para que lo paguen o lo avalen. En caso de no hacerlo se procedería al embargo de sus bienes. 

Tras hacerse pública la citación, el pasado noviembre, Societat Civil Catalana señaló que «los líderes del separatismo no pueden continuar utilizando el dinero de todos los catalanes para alcanzar objetivos políticos que no sólo no representan al conjunto de la ciudadanía, sino que están fuera de la ley».

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