El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex presidente de Cataluña, Artur Mas y a otros acusados del 9-N a devolver los casi cinco millones de euros de fondos públicos utilizados durante la consulta soberanista, que tuvo lugar pese haber sido suspendida y declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

 

En concreto, el fallo dictado por la consejera Margarita Mariscal de Gante, atañe también a la ex vicepresidenta, Joana Ortega y los ex consejeros Francesc Homs e Irene Rigau y a otros cinco altos funcionarios.

El órgano fiscalizador ha estimado, por tanto, las pretensiones presentadas por Sociedad Civil Catalana y la Abogacía del Estado y los soberanistas deberán reintegrar a las arcas de la Generalitat 4,9 millones de euros tras considerar que fue malgastado.

Tribunal de Cuentas “como un tribunal franquista”

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría sobre el independentismo, que ha denunciado el afán persecutorio de la justicia española contra los líderes soberanistas. “La sentencia del Tribunal de Cuentas es castigo, es una sentencia politica” ha asegurado David Bonvehí, líder del PDeCat.

Bonvehí ha anunciado además que “animarán” a Mas, Ortega, Rigau y Homs ha presentar recurso ante justicia ordinaria. “Y si hace falta lo llevaremos ante la justicia europea” ha añadido, tras asegurar que la condena se basa en la imputación de una partida de compra de ordenadores que después reutilizó el Departamento de Educación.

“Los ordenadores siguen funcionando” en manos de la administración de la Generalitat, ha insistido.  “Que se diga que estos ordenadores se han usado para fines personales de Mas y los demás responsables del 9N es totalmente ridículo” ha concluido.

Embargados desde 2017

En diciembre de 2017 este mismo Tribunal embargó la vivienda y otros bienes de Artur Mas para hacer frente a la fianza de 5,27 millones impuesta al ex líder catalán por el mal uso de los fondos públicos.

Según la sentencia, a la que ha tenido a acceso Efe, han sido condenados Mas, los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y seis personas más por los gastos originados por la consulta del 9N, cifrados en 4.946.788,16 euros. El Tribunal de Cuentas considera responsables contables directos a los citados, así como a Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.

Se les condena a reintegrar a la Generalitat la suma en que se cifra el alcance de sus respectivas responsabilidades. Así, por ejemplo, a Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros y, al resto, se les van imputando importes en función de su papel en el 9-N.

Por ejemplo, Francesc Homs debe responder por casi 3,5 millones por diversos conceptos; Irene Rigau, de 2,8 millones por la compra de los 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación, y Joana Ortega, por algo más de 1,7 millones de euros.

En los casos en los que concurre la responsabilidad de varios demandados respecto a un mismo concepto, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados, dice la sentencia.

Para el Tribunal de Cuentas, no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados no sólo no eran ajenos a las decisiones de gasto público de la Generalitat, sino que eran los “máximos responsables” de estas decisiones.

El año pasado, este Tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N.

Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.