El Tribunal Supremo estudia en una vista el recurso del expresidente de la Generalitat Artur Mas a la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por desobediencia por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por el Constitucional.

Una cita a la que en principio no tiene por qué acudir el antecesor de Carles Puigdemont al frente del Gobierno catalán, sino sólo su abogado, y en la que el alto tribunal estudiará su recurso de casación y los de la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada en marzo de 2017.

Los tres fueron condenados a penas de inhabilitación (2 años en el caso de Mas, año y nueve meses en el de Ortega y año y medio en el de Rigau) por un delito de desobediencia cometido al "pervertir" los principios de la democracia básicos para la "convivencia pacífica" al mantener la consulta del 9N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Mas, Rigau y Ortega invocaron sus derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica

En sus recursos ante el Supremo, Mas, Rigau y Ortega invocaron sus derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en busca de su absolución. La Fiscalía, pese a que anunció que recurriría la sentencia buscando una pena más severa por un delito de prevaricación del que el TSJC absolvió a los condenados, finalmente no lo hizo.

Para el ministerio público, en el 9N no existía el derecho a votar puesto que era una consulta que el TC proclamó inconstitucional. "El ejercicio de los derechos y libertades públicas se desvincula de su genuino fundamento cuando su prevalencia se impone a costa de destrozar el edificio normativo y los equilibrios proclamados por el poder constituyente", aseguró la Fiscalía.