El Tribunal de Cuentas ha citado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los miembros del anterior gobierno catalán para que den explicaciones sobre los gastos derivados de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Como ya hiciera en su momento con Artur Mas y su gobierno tras la celebración de la consulta del 9N de 2014, el tribunal quiere dirimir si el ejecutivo que presidió Puigdemont hizo un uso indebido de fondos públicos, más allá del delito de malversación por el que han sido condenados los principales procesados por el Tribunal Supremo.

La citación del Tribunal de Cuentas responde a la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados por la Constitución, los mismos denunciantes del caso de Artur Mas, que finalmente fue condenado junto a Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc Homs y otros cinco funcionarios de la Generalitat al pago de 4,9 millones de euros.

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En este caso, el Tribunal de cuentas ha citado para el próximo 28 de enero a Puigdemont y Junqueras, junto a los ex consellers Dolors Bassa, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Sant Vila, Jordi Turull, Carles Mundó, Lluís Puig. La demanda incluye también a Neus Munté y Meritxell Serret, ex conselleras de Presidencia y Educación, respectivamente, que abandonaron el ejecutivo catalán en julio de 2017 por disconformidad con la celebración del referéndum del 1-O, además de más de una decena de altos cargos como Amadeu Altafaj o Antoni Molons, implicados también en la organización del referéndum y que están siendo investigados en la causa que instruye el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Hasta 29 personas han sido citadas para responder por los gastos derivados del referéndum ilegal.

En la citación el Tribunal de Cuentas alude a la «existencia de diversas salidas de fondos de la Generalitat destinados a afrontar los gastos para la realización del referéndum ilegal» celebrado el 1-O de 2017 y da cinco días a los citados para recurrir esta citación. En ella se fijará la liquidación provisional de los gastos del 1-O se requerirá a los citados para que lo paguen o lo avalen. En caso de no hacerlo se procedería al embargo de sus bienes. 

Tras hacerse pública la citación, Societat Civil Catalana ha señalado que «los líderes del separatismo no pueden continuar utilizando el dinero de todos los catalanes para alcanzar objetivos políticos que no sólo no representan al conjunto de la ciudadanía, sino que están fuera de la ley». 

La entidad considera que el independentismo debe admitir «que el conflicto que se vive no es entre Cataluña y el resto de España, sino entre catalanes, la mayoría de los cuales no apoya la indepedencia» y añaden que este primer paso «es fundamental» para construir una Cataluña fuerte en la que se fomente la convivencia y la concordia entre los ciudadanos. «Sin embargo, si los representantes del independentismo siguen adelante con su deriva separatista siempre activaremos los mecanismos democráticos oportunos, precisamente para defender la democracia en nuestra tierra».