Carles Puigdemont está convencido de que podrá completar los cuatro años que le quedan de mandato europeo y beneficiarse de todas las prebendas derivadas de ser diputado en el Parlamento Europeo. No es que el ex presidente de la Generalitat haya obviado el suplicatorio activado de nuevo por el juez Pablo Llarena. Simplemente, confía en que los jueces belgas fallarán a su favor cuando finalmente entren a debatir la euroorden emitida de nuevo por el juez Llarena el pasado octubre, tras hacerse pública la sentencia del procés.

De momento, Puigdemont y Toni Comin están a expensas del suplicatorio del Tribunal Supremo, un proceso que puede alargarse un año, aseguran las fuentes consultadas, pero que debería ser favorable a la justicia española. El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, el mayor de la eurocámara, ha asegurado que su grupo está «preparado» para votar a favor de retirarles la inmunidad. Y otro tanto ha afirmado la española Iratxe García, que lidera a los socialistas.

«Una cosa es entender que necesitamos trabajar desde el diálogo para buscar una solución política y otra cosa es permitir que la Justicia trabaje, y no son incompatibles las dos cuestiones. Y además no deben ser incompatibles» advirtió García cuando el Parlamento Europeo aceptó el suplicatorio, que también contará en principio con el apoyo del tercer grupo de la cámara, los liberales.

Su líder, Dacian Ciolos, apunta que es «normal» que el Parlamento Europeo deje trabajar a los tribunales nacionales. «Hemos de atender esta posición. No es algo nuevo, en el periodo anterior hubo decenas de solicitudes. Lo normal es dejar que la Justicia nacional trabaje», ha señalado en su comparecencia ante los periodistas en Estrasburgo.

Pero el suplicatorio solo implica la pérdida de inmunidad de los líderes independentistas, no su puesta a disposición de la justicia española. Para ello debe intervenir de nuevo la justicia belga, puesto que ni Puigdemont ni Comin tienen intención de presentarse voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Y aquí es donde entran los precedentes, muy a favor del ex president fugado.

En noviembre de 2017, con la primera euroorden, Puigdemont pactó con la Justicia belga entregarse en una comisaría de la capital dos días después de que la petición de la justicia española llegara a las autoridades del país. Llarena retiró esa primera euroorden un mes después, y la reactivó en marzo de 2018, contra los ex consellers que acompañaron a Puigdemont a Bélgica –él estaba ya detenido en Alemania–. Entonces, la Justicia belga solicitó al Supremo información adicional antes de rechazar por defecto de forma la entrega de los reclamados.

Las repetidas retiradas de euroordenes por parte del instructor español no han hecho más que afianzar la posición de Puigdemont, convertido en un personaje conocido ya en Bélgica, hasta el punto que ante la última petición de extradición el primer rechazo vino de la Fiscalía belga, que reclamó a Llarena que volviera a enviarla traducida y ampliada.

"Creemos que una vez que el Parlamento Europeo le retire la inmunidad, a los jueces belgas les será mucho mas difícil rechazar la euroorden" apuntan desde el grupo popular europeo. Pero los colaboradores de Puigdemont confían en que suceda exactamente lo contrario. De ser así, el líder de JxCat podría disfrutar de su condición de eurodiputado en Bruselas. Aunque, eso sí, verá restringida su libertad de movimientos. Sí es difícil que en otros países europeos encuentre la misma comprensión.