Policías y guardias civiles promueven una huelga encubierta por la equiparación salarial

Las medidas de presión que policías nacionales y guardias civiles barajan llevar a cabo tras el veto del Gobierno a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en materia de equiparación salarial incluyen una huelga encubierta, inspirada en la protesta que llevaron a cabo a final de año los 'antidisturbios' franceses por la reforma de las pensiones.

Jusapol ha elevado este martes el tono de su reivindicación a raíz de que la Mesa del Congreso aceptara la disconformidad del bipartito (PSOE y Unidas Podemos) a tramitar la citada iniciativa parlamentaria, avalada por 550.000 firmas. La plataforma que agrupa a policías y guardias civiles reunió a centenares de agentes de ambos Cuerpos a las puertas de la Cámara Baja, cortando el tráfico en el madrileño Paseo del Prado durante una hora y aireando de forma sonora sus críticas contra Pedro Sánchez y el titular del Interior (Fernando Grande-Marlaska).

El próximo acto de protesta se anuncia para el martes de la semana que viene, según se detalla en las octavillas -sin logotipo- repartidas durante la concentración. "Reflexiona en tu casa el próximo 10 de marzo. #EquiparaciónYa. #ALaFrancesa", se lee en los pasquines. "El éxito dependerá de tu actitud. Sé leal por una causa noble y justa", añade el texto.

Subido a una plataforma instantes antes de que se disolviera la concentración al filo de las 14 horas y micrófono en mano, el secretario general de Justicia Policial (Jupol), José María García, preguntó retóricamente a los congregados si tenían claro en qué iba a consistir la "iniciativa de la próxima semana" tras las octavillas que se habían tirado. "El ministro [en alusión al titular de Interior] va a temblar hasta que nos llame", desafió García, líder del brazo de Jusapol en la Policía Nacional.

A finales de año, un millar de agentes pertenecientes a las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) de Francia se declararon 'enfermos' en plenas protestas por la reforma de las pensiones. Los policías se mostraban en contra de que se elevara la edad de jubilación anticipada y de las condiciones que el Gobierno galo pretendía incluir para poder gozar de la bonificación de un quinquenio extra de cotización por cada cinco años trabajados. Emmanuel Macron terminó dando marcha atrás.

Reflexiona en tu casa el próximo 10 de marzo. #EquiparaciónYa. #ALaFrancesa", instan las octavillas repartidas este martes en la protesta de Jusapol

"Cada día [daremos] un paso más hasta que se sienten a negociar con nosotros", proclamó el secretario general de Jupol después de informar de que se habían mantenido contactos con policías portugueses, belgas, franceses y alemanes. García denunció la "injusticia" que se está cometiendo con los policías nacionales y los guardias civiles y dijo "no tener miedo a represalias": "Van a hacer mártires".

De emular a sus colegas franceses y llevar a cabo el próximo martes esa acción de protesta, incrementarían la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez en demanda de la "total" equiparación salarial secundando una huelga encubierta. Tanto la Ley de régimen de personal de la Policía Nacional como la Ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil prohíben expresamente a los funcionarios de ambos Cuerpos ejercer el derecho de huelga, llevar a cabo "acciones sustitutivas" u "otras concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios".

El Gobierno ha impedido la tramitación parlamentaria de la ILP con el argumento de que es "insostenible" igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios por cuanto cada administración tiene sus competencias en esta materia. También aduce que la aprobación de la iniciativa en los términos planteados conllevaría un desembolso "mínimo" de más de 1.878 millones de euros.

La contestación a este veto se va a dirimir en varios planos. Jusapol -con sus brazos Jupol (Policía) y Jucil (Guardia Civil)- convocará movilizaciones en las calles. Y los tres grupos de la oposición que votaron a favor de que sí se tramitara la iniciativa (PP, Vox y Ciudadanos) interpelarán al ministro Grande-Marlaska, tanto en el pleno como en la comisión de Interior. La formación que lidera Santiago Abascal va más allá y anuncia que recurrirá la denegación ante el Tribunal Constitucional.

El veto se produce en vísperas de que el Ministerio del Interior abone los 247 millones de euros correspondientes al tercer y último tramo del acuerdo que cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, ASESGC, APROGC, UniónGC y la Asociación Profesional de Cabos) firmaron con el ministro Juan Ignacio Zoido el 12 de marzo de 2018. De ese pacto ha renegado siempre Jusapol, que considera que los 807 millones comprometidos apenas representa la mitad del dinero que se necesita para poner fin a la brecha retributiva.

En diciembre, más de mil policías franceses se declararon 'enfermos' en plenas protestas por la reforma de las pensiones promovida por Macron

De momento, las protestas en la calle las mantiene solamente Jusapol, mientras las organizaciones firmantes instan al departamento que dirige Grande-Marlaska a ejecutar el pago pendiente y a poner en marcha la cláusula octava del acuerdo. En virtud de este punto, Interior se comprometía a impulsar las "medidas legislativas que sean necesarias" a fin de garantizar que en el futuro no se produzca "una disfunción salarial" con las policías autonómicas.

Interior ha reiterado este martes que abonará "en los próximos meses" el pago correspondiente al tercer tramo, si bien ha precisado que ello "está pendiente de que los representantes de los profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil acuerden el porcentaje para cada Cuerpo". A este fin se han convocado comisiones técnicas de seguimiento del acuerdo -por separado- el próximo 11 de marzo.

Reparto del tercer tramo

Como ya informó El Independiente, el acuerdo entre guardias civiles y policías nacionales es sencillamente imposible. Los primeros exigen recibir el 59 % de los 247 millones, como ocurrió en 2018 y ha avalado la consultora externa en el informe comparativo de retribuciones y puestos con los Mossos d'Esquadra encargado por Interior. Y los segundos piden mantener al menos el 42,72 % aplicado el pasado año, por lo que todo hace indicar que tendrá que ser la Secretaría de Estado de Seguridad quien imponga el porcentaje de reparto.

El departamento que dirige Grande-Marlaska ha llamado la atención sobre el hecho de que, cuando se hayan desembolsado los 807 millones, los funcionarios de ambos Cuerpos "cobrarán de media un 20 % más al mes que en 2017". De momento, no ha aclarado si impulsará una Ley de Retribuciones en cumplimiento del acuerdo de marzo de 2018 o adoptará otra medida legislativa para blindar la igualdad salarial con las policías autonómicas.