Josep Maria Jové va a seguir sentandose en la mesa de negociación entre el Gobierno de la gneerlaitat "porque representa la represión". Así lo ha afirmado hoy el vicepresidente de la Generalitat y número dos de ERC, Pere Aragonés a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a donde Jové y Lluís Salvadó, también diputado de ERC, han acudido esta mañana en la última declaración previa a la apertura de juicio oral por su participación clave en la organización del 1-O.

Aragonés ha expresado su "pleno apoyo" a Jové y Salvadó y ha asegurado que "Jové por supuesto sigue en la Mesa" al tiempo que destacaba como una "demostración de coraje" que "pese a la situación de represión que le afecta personalmente" siga en la Mesa de negociación dispuesto a dialogar con el Gobierno.

Aragonés ha definido el juicio contra Jové y Salvadó como la "segunda oleada de represión judicial" que afecta a dos personas "acusados de hacer posible que dos millones de personas pudieran votar el 1-O". Aragonés ha reclamado además la "máxima solidaridad llenando la caja de solidaridad" para hacer frente a las fianzas que sobre todo Jové tendrá que hacer efectiva en menos de dos semanas.

"Jové ha sido nombrado por el Govern" en esta delegación que lo representa en la Mesa de negociación, ha destacado el dirigente republicano, "y evidentemente que seguirá estando, no solo por su capacidad política sino porque no se puede olvidar la situación de represión en la que estamos gestionando este intento de encontrar una salida política al conflicto. No solo mantenemos la confianza sino que hoy la reforzamos aún más".

Tanto Jové como Salvadó se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez TSJC que los ha procesado por la organización del 1-O y el despliegue de la Hacienda catalana, y que les acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y relevación de secretos. Los dos dirigentes republicanos expresaban así su rechazo a lo que consideran una "causa general contra el independentismo" apuntan desde ERC.

La instrucción de la causa contra Jové y Salvadó forma parte de la investigación sobre el referéndum ilegal llevada a cabo por el Juzgado 13 de Barcelona, aunque serán juzgados por el TSJC por su condición de aforados, en calidad de diputados autonómicos. Sin embargo, según sus defensas, la fragmentación judicial de las causas, así como "la investigación prospectiva e ilícita de sus casos, la no proporcionalidad y la indefensión respecto a otras causes sobre el 1-O" comporta una vulneración de sus derechos y garantías procesales, vulnerando así el derecho a un juicio justo.

Fianza millonaria

Tanto los procesados como los dirigentes de partidos y entidades reunidos hoy ante el TSJC han destacado además la cuantiosa fianza a la que tendrá que hacer frente Jové, 1,2 millones de euros que se suman a los 4,1 fijados para el conjunto de los procesados por el Juzgado 13 de Barcelona.

En este sentido, Aragonés ha denunciado el "intento de embargo" contra Jové, y ha pedido apoyo de nuevo a la Caja de Solidaridad para hacer frente al pago de la fianza en las próximas semanas. Un llamamiento que han repetido después los líderes de Òmnium y la ANC.