La gestión del teléfono de emergencias sanitarias 061 se ha convertido en esta primera semana de crisis por el Covid-19 en la auténtica piedra en el zapato del Gobierno catalán. Durante los diez primeros días de la crisis sanitaria, el primer consejo de las autoridades autonómicas era llamar al 061 para evitar colapsos en los servicios de urgencias de los centros sanitarios. Tras un plazo de espera que se ha alargado con el paso de los días, los responsables del servicio tomaban los datos del interlocutor en los casos en los

Nadie advirtió, sin embargo, de que ese telefóno de atención al público es de pago. Hasta 14 euros por hora para los usuarios redirigidos hacia ese servicio por el Govern, que esta semana se ha colapsado mantiendo en espera a los usuarios entre 30 y 60 minutos. Fue entonces cuando saltó a las redes las condiciones de pago del 061, abriendo una polémica que obligó al Govern a declarar, el jueves, la gratuidad del servicio de atención telefónica.

El precio de la llamada al 061 CatSalutRespon varía según el operador contratado y se factura por segundos. El coste estándar es de 0,0650 euros + IVA por el establecimiento de la llamada, y 0,0115 euros + IVA por cada minuto, de lunes a viernes laborables, de 8.00 a 18.00 horas. Para el resto de horarios, 0,0040 euros + IVA.

De hecho la asunción por parte del Govern del coste de este servicio no se produjo hasta este jueves, cuando la batalla política y mediática ya había estallado en las redes. Fue dentro del paquete de medidas económicas anunciadas por Quim Torra y Pere Aragonés para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus, junto al anuncio de una línea de crédito para pymes avalada por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Y Aragonés tuvo que explicar que el Govern «no cobraba» por las llamadas, sino que lo hacía la empresa prestadora del servicio.

Ferrovial, dardo político de doble dirección

Una concesionaria que no es otra que Ferrovial, que se habría embolsado 45 millones de euros desde que el Govern de Artur Mas decidió privatizar el servicio de atención domiciliaria en 2015. En plena época de recortes, el entonces conseller de Economía Andreu Mas Colell ideó la privatización de este servicio, que se adjudicó Ferrovial por concurso.

En los últimos días, su máximo responsable, Rafael del Pino, se ha convertido en blanco de los ataques de internautas independentistas señalando a la multinacional español por el colapso del servicio de pago. «Tiene una fortuna de 4.100M€. Es sobrino del expresidente Calvo Sotelo y presidente ejecutivo de Ferrovial. Controla la atención telefónica del 061 en Catalunya. El tiempo de espera puede llegar a más de una hora con un coste de 14€» afirmaba uno de los tuits más repetidos estos días.

En el bando contrario, destacaban el proceso de privatización del servicio, gratuito en otras comunidades autónomas. Y la responsabilidad tanto del Govern Mas como de sus herederos en el Palau de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

En 2017 y pese a las quejas por el colapso del servicio, el entonces conseller de Sanidad a propuesta de ERC, Toni Comin, aprobó la renovación del contrato con Ferrovial, tras derivar a este servicio de atención telefónica las consultas de urgencias para drenar el colapso de las urgencias hospitalarias.

Cs propuso hacerlo gratuito

El pasado verano, Cs llevó este servicio a debate en la Comisión de Sanidad del Parlament, donde propuso recuperar la gratuidad del teléfono de asistencia sanitaria. El partido naranja aludió entonces al servicio público para reclamar que el Govern asumiera su coste y obtuvo el apoyo del PSC, los comunes y el PP.

Desde los partidos que dan apoyo al ejecutivo, sin embargo, consideraron la propuesta «demagógica», según la republicana Najat Driouech, y porque había «otras prioridades» para el neoconvergente Xavier Quinquilla, que aprovechó para advertir a Cs «apúntenselo bien: 061, no llamen a la Guardia Civil si necesitan un servicio vinculado al ámbito de la salud». El diputado de la CUP en esta comisión, Vidal Aragonés, no intervino en el debate.

Esta semana, el eurodiputado Jordi Cañas ha recuperado el debate llevándolo ante la Comisión Europea. Cañas reclamó a la CE que «tome medidas» para que las llamadas al 061 sean gratuitas, ya que en los últimos días «se ha visto triplicado» el número de personas que lo utilizan. A diferencia del teléfono 112, de ámbito europeo que sí es gratis, el 061, resalta Cañas, tiene un coste de entre 8 y 15 céntimos de euro en función del operador.

El parlamentario del partido naranja apuntó que la Generalitat podría estar «vulnerando» los principios que inspiran el funcionamiento del 112 al derivar a la ciudadanía a un servicio «de pago» y lamentó que el Govern «haga negocio con la salud de los catalanes anteponiendo el afán recaudatorio a los intereses de los ciudadanos», solo un día antes de que el ejecutivo catalán asumiera el coste del servicio.