La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado este jueves la presentación de una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y cuantos «corresponsables» de la Administración corresponda por la distribución de mascarillas defectuosas y otro material de protección no homologado a centros sanitarios de toda España.

El sindicato considera que con el reparto de «una gran partida de mascarillas FPP2 de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos servicios de Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud», ha habido una «presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario» que podría ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal.

«No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios (34.355 según la última actualización oficial) están afectados a día de hoy de Covid-19, y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde
cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto», denuncian desde la confederación cuyo Comité Ejecutivo ha decidido, después de reunirse, presentar la querella.

«Buena fe en quien tiene altas responsabilidades»

En una nota distribuida este jueves, CESM afirma que «una nueva y honda preocupación se ha añadido a la incertidumbre que acompaña, ya de manera lacerante, a los profesionales sanitarios en general, y de forma muy especial a los médicos y demás profesionales con asistencia directa a pacientes afectados de Covid19»: el reparto de la partida de mascarillas.

El sindicato médico denuncia el reparto y posterior retirada por parte del Gobierno «poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades».

La preocupación del ámbito médico se está transformando, según CESM, en «máxima indignación, que exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables, así como acciones por nuestra parte, como Organización Sindical, que garanticen su seguridad y la defensa de sus legítimos derechos e intereses».

CSIF ampliará la demanda contra el ministro

Por su parte, el sindicato CSIF, que denunció el pasado 31 de marzo al ministro Illa ante la Sala Penal del Supremo por su gestión del coronavirus, también ha trasladado a El Independiente que estudia ampliar dicha denuncia próximamente por el reparto de mascarillas defectuosas y demás material de protección inadecuado.

En la denuncia inicial, el sindicato consideró que «la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los/as profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente».