Las fotografías de un juzgado de Noia (La Coruña) y otro de Alicante cubiertos de plásticos, colocados de manera casera por sus trabajadores, corrieron como la pólvora este miércoles en los grupos de Whatsapp de las asociaciones judiciales y los sindicatos de Justicia.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre las cuatro asociaciones de jueces, compartió en sus redes sociales las imágenes acompañadas del siguiente mensaje: «Empezamos con las reformas en Justicia», con mención al ministerio.

Decreto sin presupuesto

Los trabajadores de la Administración de Justicia ironizan y protestan de esta manera contra el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros este martes y con el que el Ministerio de Justicia pretende hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Las principales medidas del plan son la apuesta por los juicios telemáticos en lugar de presenciales y la habilitación de los juzgados las tres últimas semanas de agosto. También las jornadas de mañana y tarde para las que los funcionarios tendrán que ofrecerse. Sin embargo, las causas penales por delitos graves en las que se requiera la comparecencia presencial de acusados y testigos siguen celebrándose en los juzgados, y tanto funcionarios de Justicia como policías y personal de seguridad privada asisten a sus puestos a diario sin las medidas de protección adecuadas contra la Covid-19, denuncian.

Los elementos básicos, mascarillas y geles desinfectantes, aún no han llegado a juzgados como los de las provincias de Cuenca y Cáceres, entre otras, denuncian desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) a El Independiente.

Las críticas no cesan. Asociaciones de jueces, fiscales, el Colegio General de la Abogacía y los procuradores afean al Gobierno que su plan no contemple presupuesto alguno para medidas de protección individuales (EPI), mamparas u otros sistemas de aislamiento. Dicen que lo fía todo a «poner dos turnos de trabajadores de mañana y tarde».

«Unos plásticos chapuceros, y listo»

Fuentes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se quejan de que «el plan de Justicia no incluye el más mínimo presupuesto o memoria económica, así que los funcionarios ponen unos plásticos chapuceros y listo».

Desde el principio de la pandemia, asociaciones de jueces y fiscales han reclamado medidas de protección para los trabajadores. Los segundos, a través de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), presentaron demandas contra Justicia y la Fiscalía y reclamaron material de protección por la vía de las cautelares. La pasada semana, APIF consiguió que un juzgado de lo Social de Madrid obligara al Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado a proveer de mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas contra el virus a los representantes del Ministerio Público que realizan su labor de manera presencial tras una demanda por la vía de vulneración de derechos fundamentales.