Podemos ha empezado a moverse para reconstruir los puentes con ERC tras la quiebra de confianza mayúscula que supuso el segundo acuerdo con Cs, recuperando las opciones de excarcelación de los condenados por el 1-O que los independentistas siguen teniendo como uno de sus objetivos prioritarios. Ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, abogó de nuevo por el indulto, en unas oportunas declaraciones en Catalunya Radio en las que además defendió con brío el pacto con Bildu, la mejor carta de presentación para que Esquerra vuelva a acercarse a los morados.

Paralelamente, el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, reclamaba que se aplique a los presos del procés el confinamiento domiciliario, dentro de las medidas de excarcelación de presos enmarcadas en la crisis sanitaria. Una medida que ya reclamaron las familias, a la que se ha opuesto el Tribunal Supremo. Paralelamente, la Fiscalía cuestionaba las salidas de Dolors Bassa al amparo del 100.2, como antes hizo con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Pero los recelos de la justicia española al trato recibido por los líderes del 1-O por la dirección de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat, -con permisos diarios de salida para trabajar en aplicación del articulo 100.2, pese a que ninguno ha cumplido suficiente tramo de la condena como acceder al tercer grado- no han frenado a Iglesias.

«No deberían estar en prisión en ningún caso» segura Iglesias sobre los Jordis

En su opinión, es «enormemente injusto» que el exlíder de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estén en la cárcel, por lo que se ha mostrado partidario de estudiar las peticiones de indulto que lleguen. «No deberían estar en prisión en ningún caso».

«Voy a defender no solamente el diálogo, sino que se dé un salida lo antes posible a algo que me parece enormemente injusto». Iglesias llegó a aceptar que «están en la cárcel porque los jueces así lo han decidido y que todo el mundo debe cumplir la ley aunque no te guste una sentencia o te parezca injusta», pero se comprometió a «explorar mecanismos que permitan, en el marco de la legalidad, tratar de corregir una situación que es injusta».

Si hay solicitudes de indulto, añadió «habrá que estudiarlas con mucho cuidado», porque «no quiero ver en la cárcel» a los Jordis, «los quiero ver en una mesa de diálogo, en las instituciones, haciendo política».

Mientras no llegue ese momento, Asens insistía en el confinamiento domiciliario que el Tribunal Supremo frenó hace menos de dos meses. Remitiéndose al plan de desconfinamiento penitenciario, que aboga porque los presos amparados en el artículo 100.2 cumplan su condena en confinamiento domiciliario para vaciar parcialmente las cárceles.

Asens se refiere al plan aprobado por el Gobierno confía en que «la Generalitat haga lo mismo en las prisiones catalanas», reabriendo el debate que cerró el Supremo.

Paralelamente, la Fiscalía de Barcelona presentaba recurso contra la concesión del 100.2 a la ex consejera de Asuntos Sociales, la republicana Dolors Bassa. En este caso, como en los anteriores, el ministerio público recuerda que el 100.2 es una medida discrecional para favorecer la reinserción, no un derecho penitenciario, y que no tiene sentido con un tramo de condena cumplido tan corto. Pero los jueces de vigilancia penitenciaria han rechazado hasta ahora estos argumentos.