El abogado Victor Valladares, que fue quien presentó la denuncia que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por posible prevaricación al no prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid, ha pedido este jueves a la juez de instrucción número 51 de Madrid que llame a declarar en calidad de investigado al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, al que acusa de los delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y también de denegación de auxilio por parte de la Administración (artículo 412).

«Yo no sé exactamente de qué se me denuncia. Si hay una solicitud de información, haré lo que los jueces me digan. No tengo nada que ocultar», ha valorado en rueda de prensa Fernando Simón, que ha asegurado que no está «para este tipo de cosas».

«Siento decir que no veo los debates del Congreso, no tengo tiempo para ello. No voy a dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que otra persona tiene que hacer mis funciones, me echaré a un lado. Pero no voy a dejar el barco. No creo que sea una cuestión de abandonarlo para evitar ataques por esta sobreexposición que haya podido tener. No debo dejar las cosas a la mitad», ha añadido posteriormente, cuestionado sobre si se plantea su dimisión por las críticas recibidas.

En un escrito elevado este jueves a la juez Carmen Rodriguez-Medel, la acusación popular también insta a la juez a que ordene que se le remitan todas las comunicaciones existentes en relación al coronavirus entre el Ministerio de Sanidad y el CCAES, desde el 30 de Enero hasta el 14 de Marzo de 2020, «a fin de acreditar la existencia o no de requerimientos del primero de los organismos al segundo».

En un escrito ampliatorio, esta parte solicita igualmente a la instructora del caso que llame a declarar a los convocantes de hasta doce manifestaciones que fueron canceladas por la Delegación del Gobierno tras el 8 de marzo mediante una llamada telefónica a los organizadores, un dato que fue revelado por el informe de la Guardia Civil remitido a la causa.

Recuerda el abogado que estas llamadas no aparecen registradas en los archivos de la Delegación por lo que considera que fueron «canceladas sin motivación alguna y sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente».