El curso 2020-2021 será presencial,»absolutamente sí». Tajante y en pleno directo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, confirmaba ayer la total presencialidad de «todos» los alumnos en las aulas de cara al próximo curso. «Tendremos que observar todas las medidas sanitarias», agregaba en La Sexta.

Las medidas preestablecidas hasta el momento variaban de las ahora confirmadas de forma repentina por la ministra, algo que ha generado reacciones de todo tipo en el ámbito político, el profesorado, los sindicatos e incluso colegios concertados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no tardó en manifestar su indignación frente a «las continuas improvisaciones y cambios de criterio» sobre el regreso a las aulas. CSIF convocó «una reunión urgente» con los sindicatos «para abordar de manera negociada la apertura de centros en septiembre» con medidas «efectivas» y «acordes a la nueva realidad».

Asimismo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quiso dejar claro a través de su cuenta de Twitter, que la ‘vuelta al cole’ presencial la decidirá la Generalitat y la Conselleria de Educación, y no el Ministerio de Isabel Celaá: «La ministra olvida que las competencias son de la Generalitat de Cataluña y que será el Departamento de Educación quien decidirá las condiciones, siempre en diálogo con el mundo local y la comunidad educativa», manifestaba.

La Comunidad de Madrid también se ha manifestado en contra de las medidas propuestas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para el inicio y desarrollo del próximo curso, ya que las considera «insuficientes». Enrique Ossorio, consejero del ramo, cree que las instrucciones propuestas por el Gobierno central “plantean una serie de buenas prácticas que todas las Consejerías de Educación ya pensaban aplicar porque son completamente evidentes”, y que, de la misma forma, “no resuelven el problema de los espacios, el número de alumnos por aula o el incremento del profesorado necesario para atender a la nueva situación”.

La propuesta del Gobierno regional aboga por una vuelta a las aulas que sea “lo más normal posible”, porque consideran que “bastante han sufrido los alumnos, los docentes y las familias durante los meses anteriores para alterar en profundidad el sistema educativo”.

Además, desde CCOO critican que el Gobierno proponga que cada centro asigne a una persona de referencia responsable «para los aspectos relacionados con la COVID-19», según indicaba un comunicado del Ministerio. Este sindicato recuerda que los equipos directivos de los centros educativos no tienen competencias en asuntos sanitarios.

‘Ley Celaa’

Colea de fondo también la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, más conocida como ‘ley Celáa’, que se someterá la próxima semana a su primer debate en el Pleno del Congreso, donde el PP, Vox y Ciudadanos reclamarán la devolución del texto al Gobierno. Será el miércoles 17 de junio, según el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces.

El texto impulsado por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha sido muy criticado por PP, Vox y Cs, que le acusan de no consensuar el contenido, ni con la oposición, ni con la comunidad educativa. Además, la formación que preside Santiago Abascal, cree que la ley es «demagógica» y que está «al servicio de ideologías totalitarias».

Sin embargo, las principales polémicas del proyecto se han desatado con la asignatura de religión, que ya no tendrá «asignatura espejo», los colegios concertados, a los que se les retira el criterio de «demanda social» y los centros de educación especial, para los que el Gobierno se da un plazo de 10 años para integrarlos en la red ordinaria.