Una joven Ada Colau, entrando ilegalmente en un piso de propiedad municipal para okuparlo aún a sabiendas de que el Ayuntamiento iba a derruir el edificio por su precario estado. Es el contenido del vídeo con el que el PP de Barcelona ha denunciado hoy la política de vivienda del consistorio barcelonés. «Los decretos de vivienda de la Generalitat protegen al okupa» señala el portavoz municipal, Oscar Ramírez, «y Ada Colau no ha creado la oficina antiokupas que le pedía el PP. Es difícil luchar contra los okupas cuando eres uno de ellos como Colau».

En el vídeo puede verse a dos jóvenes descolgándose por el patio interior de un edificio para entrar ilegalmente en una de las viviendas vacías, y acto seguido, a Colau explicando a una vecina que han ido a okupar un piso porque la vivienda es muy cara en Barcelona para los jóvenes. La entonces activista asegura saber que el edificio es propiedad del Ayuntamiento, que piensa derruirlos, pero argumenta que «tardarán tres años y mientras nosotros no podemos pagar un alquiler…»

Denuncia ante el Tribunal Constitucional

El PP catalán ha iniciado una ofensiva para erigirse como el único defensor de la vivienda privada en Cataluña, tras la aprobación por parte de la Generalitat de dos decretos que de facto legalizan la okpuación de viviendas, al judicializar sistemáticamente cualquier intento de echar a un okupa. Una ley impulsada desde JxCat con el apoyo de los Comunes de Ada Colau contra la que sólo se han opuesto populares y Ciudadanos.

Lo hizo este lunes el presidente del partido, Alejandro Fernández, anunciando el recurso ante el Tribunal Constitucional. Y lo ha completado hoy su portavoz en el Ayuntamiento denunciando la connivencia de la alcaldía.

«Desde el primer momento el PP ha considerado inconstitucionales estos decretos -el 17/2019 y el 1/2020- porque suponen un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos” advirtió Fernández. De hecho, el Consell de Garantías Estatutarias ya advirtió de la inconstitucionalidad de estas normas, que los juzgados de primera instancia de Cataluña están evitando aplicar por su dudosa constitucionalidad.

«Además de convertir a Cataluña en una especie de paraíso ‘okupa’», lamentó el líder del PP catalán, los decretos “parecían hechos a medida de las mafias ilegales de ocupación, que actúan impunemente en
Cataluña”. Estas normas «son un insulto para los miles de catalanes que esperan pacíficamente una vivienda social, para las familias catalanas que deciden invertir y ahorrar a través de la vivienda o que incluso deciden convertir la vivienda en su proyecto empresarial sin que por ello tengan que ser calificados de especuladores”.