Política Proyecto Land

La Fiscalía pide 38 años de prisión para Villarejo y hasta 18 para los promotores de 'La Finca'

Anticorrupción presenta su escrito contra el comisario jubilado y sus colaboradores por el trabajo de espionaje encargado por una parte de los herederos de la urbanización de lujo madrileña La Finca a otros dentro de la misma familia

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, su esposa Gemma Alcalá, su socio Rafael Redondo, el comisario también jubilado Enrique García Castaño, los promotores de la urbanización de lujo madrileña ‘La Finca’ Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver, el responsable de Seguridad de ésta, David Fernández Aumente y tres sociedades mercantiles pertenecientes a los mencionados promotores como personas jurídicas.

Después de que el juez diera concluida la pieza de investigación del denominado Proyecto Land, el Ministerio Público ha solicitado la apertura de juicio oral y elevado sus peticiones de prisión por los presuntos delitos, entre otros, de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil que consideran cometieron los aludidos.

Solicitan altas penas de prisión para todos los acusados, que van de los 16 años de prisión para Susana García-Cereceda a los 38 años y 10 meses de cárcel que Anticorrupción pide para Villarejo. En esta pieza de investigación, la número tres del caso Tándem, se aborda ele contrato de presunto espionaje que encargó una de las hijas del promotor inmobiliario Luis García-Cereceda, Susana García-Cereceda, al comisario José Manuel Villarejo para que averiguara datos privados de su hermana, Yolanda García-Cereceda, y la situación en que quedaba la herencia familiar en la inmobiliaria Procisa tras el fallecimiento del padre.

Susana García-Cereceda, Peñalver y Aumente, según sostiene Anticorrupción, contrataron los servicios de Villarejo a sabiendas de que estaba en activo en la Policía y le encargaron trabajos de seguimiento «a fin de reclamar una herencia sobre la inmobiliaria Procisa y averiguar también datos sobre la situación en la que quedaba el resto de los herederos». Unos servicios que, según afirmó el juez en el auto de procesamiento, «excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa».

Ayuda de miembros de la Policía

Los promotores de La Finca habrían recurrido a Villarejo para averiguar en qué situación se encontraban los procedimientos judiciales en torno a la promotora Procisa. Para ello, según los indicios que arroja la investigación, el comisario y su red en la empresa privada Cenyt habrían hecho incluso «seguimientos a la juez de Pozuelo (Madrid) encargada del procedimiento de división de la herencia, Mónica Gómez Ferrer».

Según se expone en el escrito de la Fiscalía, Villarejo habría accedido a bases de datos confidenciales que aportó a los contratantes gracias a la ayuda de Enrique García Castaño, entonces Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía.

«En concreto, aprovechándose del abuso en el ejercicio de sus funciones por parte del acusado Enrique García Castaño, el acusado José Manuel Villarejo Pérez ¡obtuvo junto con el resto de miembros de Cenyt acusados conocedores de su finalidad, los datos de posicionamiento y de tráfico de llamadas telefónicas entrantes y salientes del mes de agosto del año 2013 de Jaime Ostos Alcalá [marido de Yolanda García-Cereceda] como usuario de la línea número…, aportando algunos de dichos datos junto con Rafael Redondo Rodríguez a los representantes de PROCISA acusados», expone el informe de la Fiscalía. Para Enrique García Castaño solicitan 35 años y 10 meses de prisión por distintos presuntos delitos de cohecho activo y pasivo y descubrimiento y revelación de secretos.

Recabaron datos sexuales de los otros herederos

Según se expone en el escrito de acusación, «a partir del año 2013, los servicios contratados para el que se denominó Proyecto Land constituyeron un trabajo de inteligencia, de análisis de información y de intoxicación informativa en los medios de comunicación dirigido a obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal e íntima de una serie de personas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar el patrimonio y prestigio de Procisa, y por ende, el patrimonio y la reputación empresarial de los representantes de la mercantil que actuaban bajo suu nombre».

En todos los casos la información se trasladó, según Anticorrupción, por los acusados Villarejo y su socio Rafael Redondo a Susana García Cereceda, Peñalver y Aumente en reuniones que se celebraban en la sede de Procisa de Pozuelo de Alarcón, Madrid, «aportándoles la información reservada que obtenían ilícitamente de forma verbal».

Entre la información recabada estuvo, por ejemplo, la comprobación de si el matrimonio entre Yolanda García-Cereceda y Jaime Ostos en Estados Unidos sería legal en España, así como «debilidades sexuales» del segundo «con las que poder presionarle para que se apartara de la gestión del elevado patrimonio de Yolanda, propietaria de parte de las acciones de Procisa». También habrían investigado la vida íntima del arquitecto Joaquín Torres para presionarle y «disuadirle de los contenciosos entablados con Procisa», según la Fiscalía.

Igualmente, según los fiscales, Villarejo y sus colaboradores habrían buscado información personal de Silvia Gómez-Cuétara, la viuda de Luis García-Cereceda, «entre la que se incluía su vida sexual, cuya utilización permitiera tanto a Procisa como a la acusada Susana García-Cereceda, a título particular, ostentar una posición dominante sobre las expectativas económicas que Silvia pudiera tener en relación con el patrimonio societario y los cuadernos particionales de la herencia de su difunto marido», se lee en el informe.

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