Juan Carlos I, en el Congreso de los Diputados.
La Fiscalía General del Estado podría pedir información financiera sobre el Rey emérito a otros países distintos a Suiza en formato de comisión rogatoria igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción con el país helvético en 2018.
Así avanzaría en el estudio de los datos de que dispone sobre la entrega de 64,8 millones de euros por parte del rey saudí Abdul Aziz Al Saud a Juan Carlos I en 2008 y dilucidar si se trató de una comisión ilegal a cambio de su mediación para la adjudicación del contrato de ampliación del AVE a La Meca a una unión de empresas españolas o un regalo, como sostiene el gestor del emérito. También despejar si con el manejo de dicha fortuna el padre de Felipe VI pudo incurrir en algún delito fiscal y valorar si ya estaría prescrito o si le protegía su inmunidad como jefe de Estado.
Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala experto en delitos económicos que encabeza la investigación sobre dichas presuntas comisiones y los hechos que afecten "directamente" al Rey emérito recibirá próximamente la segunda parte de la comisión rogatoria realizada por la Fiscalía suiza. En la primera parte entregada, y que aún se traduce al español, llegaron las declaraciones ante el fiscal Yves Bertossa de Arturo Fasana, gestor de la fundación Lucum a través de la que el Rey emérito recibió la fortuna saudí en una cuenta del banco suizo Mirabaud, y su abogado Dante Canonica, investigados ambos en Suiza junto con la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen. En 2012, el exjefe de Estado español traspasó los casi 65 millones saudíes a Larsen en una cuenta a su nombre en Bahamas. Según ha desvelado El Español, el Rey quiso dejar por escrito que la "princesa" Corinna no era su "testaferro". Ella sostiene que ese dinero le fue entregado "por amor".
Cooperación internacional
Mientras llega la información de Suiza, la Fiscalía General del Estado ha hecho público que la Unidad de Cooperación Penal Internacional que dirige la fiscal de Sala Rosa Ana Morán apoyará al equipo de expertos en delitos económicos "en atención a las implicaciones internacionales de la investigación".
El gestor de fondos Arturo Fasana ya declaró ante el fiscal Bertossa que Juan Carlos I le entregó en Ginebra 1,7 millones de euros en un maletín que había recibido del rey de Bahrein también como un regalo, como adelantó El País. Una suma que fue ingresada en el banco Mirabaud sin preguntas sobre su procedencia.
Dado que la investigación cada vez adquiere un tinte más internacional, cualquier pista sobre movimientos del dinero depositado en la cuenta adscrita a la fundación Lucum podría llevar a la Fiscalía General del Estado a abrir el campo y solicitar información a otros países, como trasladan fuentes expertas a El Independiente.
El formato de comisión rogatoria permite una colaboración que, en la práctica, supone que quien realiza la investigación en el extranjero lo hace como si fuera la propia Fiscalía española. De ahí que sea importante el refuerzo de expertos en asuntos internacionales para la investigación.
El papel de Corinna
También hay que tener en cuenta que la empresaria alemana Corinna Larsen se ha negado a que Suiza entregue a España su declaración ante el fiscal Bertossa. Anunció hace meses, por otro lado, que se querellará contra Juan Carlos I y el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, por presionarla para que callara acerca de lo que sabía sobre el emérito, según la versión que dio el despacho de abogados que la defiende en Londres.
Larsen escogió a uno de los abogados más prestigiosos de Reino Unido para llevar su defensa, Robin Rathmell, y la manera en que ambos decidan manejar la información que la empresaria alemana pueda tener sobre fondos que le entregara el Rey emérito o las cuentas y movimientos de éste, será claves para el caso.
El fiscal que dirige la investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo cuenta con un equipo formado por los fiscales especialistas en Derecho penal económico Paloma Iglesias Moreno, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig, como comunicó el pasado viernes el Ministerio fiscal. Ellos serán quienes aborden cualquier novedad que surja en el caso.
La Fiscalía General del Estado podría pedir información financiera sobre el Rey emérito a otros países distintos a Suiza en formato de comisión rogatoria igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción con el país helvético en 2018.