El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha ordenado “suspender” la repatriación de nueve menores extranjeros no acompañados desde la ciudad autónoma, según un auto judicial al que ha tenido acceso Efe.

El juzgado atiende la demanda de medidas cautelares presentada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes junto con la Fundación Raíces respecto a nueve menores no acompañados a los que habían pedido que no se devolvieran a Marruecos.

Las asociaciones habían solicitado la no devolución de un grupo de 12 menores, aunque el juzgado precisa que su decisión afecta a nueve porque tres de ellos ya habían sido repatriados.

El pronunciamiento judicial de los menores que entraron en la ciudad autónoma en la crisis del pasado mes de mayo se produce poco antes de que declaren en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta cinco menores incluidos en el grupo de los quince que iban a ser repatriados este lunes, que han solicitado hoy el habeas corpu para evitar ser devueltos.

Este mismo juzgado en el que van a declarar esta tarde cinco menores rechazó el pasado sábado la suspensión cautelar de las repatriaciones que se realizan desde el viernes entre España y Marruecos en grupos de quince menores al día.

En el auto que suspende la repatriación de nueve menores, la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo considera que queda “acreditado” que “ni se ha incoado expediente administrativo ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores”.

El juzgado añade que las autoridades gubernamentales sólo se han limitado a considerar suficiente el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en marzo de 2007 sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados.

Ante esta situación, la magistrada manifiesta que “la única decisión posible es ordenar la suspensión de la actuación adoptada por la Administración, dirigida a repatriar a los menores no acompañados referidos en la demanda, que aún no hubieran sido devueltos a Marruecos, quedando estos bajo la protección de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.

Como recoge el auto, la jueza también considera que no se ha cumplido con las normas y principios del derecho internacional y con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, algo que para la autoridad judicial “ha impedido a la totalidad de los interesados conocer los fundamentos que justifican la decisión de facto adoptada por el Ministerio del Interior y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta».

La magistrada insiste que para proceder a la repatriación de los menores es indispensable “la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen”.

Belarra envía otra carta a Interior para rechazar la repatriación de menores

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra ha enviado este lunes una nueva carta a Interior para reiterar su rechazo al proceso de devolución de menores a Marruecos, después de que un juzgado de Ceuta haya suspendido la repatriación de nueve niños.

Después de haber conocido el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Ceuta, el Ministerio de Belarra señala que con esa decisión «queda por tanto en evidencia que el posicionamiento de Derechos Sociales coincide con el mantenido hasta el momento por la justicia, el Defensor del Pueblo, y las organizaciones y ONG que vienen denunciando que el procedimiento de expulsión no es correcto».

Fuentes de Derechos Sociales han indicado a Efe que en esa nueva misiva se pide que cese la operación de entrega de menores «hasta definir adecuadamente un protocolo» que establezca dos condiciones: que los menores que deseen volver con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad y que los que no quieran regresar se queden en España en condiciones de acogida dignas.

Derechos Sociales vuelve a ponerse a disposición del Ministerio del Interior, como ya hizo la semana pasada y meses atrás, para definir un protocolo que respete la ley y tenga todas las garantías, han añadido las fuentes.