Política | Un café con Euprepio

Catalá: “Estamos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley también en Cataluña”

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Catalá: “Estamos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley también en Cataluña”

Resumen:

El ministro de justicia Rafael Catalá analiza en esta entrevista la situación en Cataluña y afirma que: “Estamos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley también en Cataluña. También ha afirmado que:

“No es judicializar la justicia hacer que se cumplan las leyes”.

“Ese modelo de Gran Hermano que lo vigila todo al margen de la ley, deberíamos desterrarlo de nuestras vidas”.

“No puede ser que un ciudadano haga la compra por internet o utilice las redes y cuando llegue al ministerio deje la chaqueta ‘digital’ y vuelva al siglo XIX”.

“La justicia es igual para todos” y la separación de los poderes legislativo y ejecutivo son claves en un estado democrático. Tomo un café con el Ministro de Justicia con la esperanza de conseguir reforzar mi confianza en el respeto de estos valores básicos en España. Rafael Catalá es una de las caras que considero más amables en el Gobierno de Mariano Rajoy. Trabajador incansable y apasionado de su trabajo, es un político vocacional con gran experiencia también en la empresa privada y la docencia.

Licenciado en Derecho y después de haber entrado por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en 1988 pasó a ocupar la subdirección general de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad hasta 1992, año en el que se incorporó a AENA en la Dirección de Recursos Humanos.

Durante la primera legislatura de Aznar, Catalá ejerció como director general de la Función Pública y como director general de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes hasta el año 2000, cuando tomó posesión como Subsecretario de Hacienda. Entre 2002 y 2004 ejerció como secretario de Estado de Justicia. Entre 2005 y 2012 desempeñó el cargo de secretario general y del Consejo de Administración de CODERE, S.A, multinacional española del sector del juego. Fue también director del Máster de Administración Pública en ESADE entre los años 2005 y 2012 y profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid desde 2007 a 2011. Hasta su nombramiento como ministro de Justicia, en septiembre de 2014, fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento.

Polivalente y con una mezcla de dotes de liderazgo y capacidad de gestión se enfrenta a un año de retos importantes y con la profesión “política” desgastada.

Pregunta.- Estamos en un período en el cual la política no está muy de moda. Tras 319 días de Gobierno en funciones y con numerosos casos de corrupción que han manchado a casi todos los partidos en los últimos años. Usted ha sido Director de Recursos Humanos en AENA y muy conocedor de organizaciones públicas y privadas. Si tuviera que definir el perfil ideal de un político, ¿cuáles serían las cualidades personales y profesionales que pediría?

Respuesta.- Dedicarse a la política es una de las tareas más nobles que uno puede elegir en su país porque es ocuparse de lo que es de todos. De los intereses generales y del bienestar común. Efectivamente, me he dedicado a los Recursos Humanos durante mucho tiempo y considero que es importante el conocimiento técnico. Uno tiene que conocer la materia que está tratando pero, sobre todo, se requiere una gran dosis de empatía. Yo, como ministro de Justicia, sé que una de mis obligaciones es dialogar con todos los operadores jurídicos y debería tener, ojalá la tenga, la capacidad de generar esa interlocución. Hay que ser conscientes de que desde el Gobierno se tiene una gran responsabilidad, que se ejerce fundamentalmente desde el diálogo, desde la escucha y desde la captación de la información y, a partir de ahí, ser capaces de promover reformas. Creo que esa actitud dialogante y de escucha, de proactividad para trasformar la sociedad son las principales cualidades que debe tener un político.

P.- Habla usted de capacidad de escucha, empatía, diálogo, interlocución… justo lo que ha faltado a lo largo del pasado año y que nos ha hecho estar sin Gobierno tanto tiempo. La ciudadanía tiene la impresión de que los políticos no están a la altura, que esta capacidad de diálogo y de empatía falta… ¿por qué?

R.- Estamos en un período de la historia muy singular y extraordinario. Nunca se había dado en España una situación como la que se generó tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y también, aunque con algunos cambios, en junio de 2016. Estábamos acostumbrados a que quien ganaba las elecciones gobernaba. Los partidos políticos quieren gobernar y con los resultados de 2015 nos encontramos con un panorama diferente, no ya bipartidista sino de cuatro partidos con una representación grande en el Parlamento. Y se pone de manifiesto la necesidad de que haya acuerdos. Ya no se trata de que gobierne el centro izquierda o el centro derecha sino de trabajar juntos.

Ser capaces de promover reformas, las que España necesita, pero dialogándolas y acordándolas. Y eso ha costado un tiempo. Desde el Gobierno de Mariano Rajoy hubo una oferta la misma noche del 20 de diciembre para que trabajáramos juntos por esas reformas. Eso no fue aceptado por la oposición, hubo otras investiduras fallidas, tuvimos que llegar de nuevo a unas nuevas elecciones, las del 26 de junio, y finalmente se ha conseguido una investidura, fruto de la cual ya está habiendo acuerdos: sobre el bono social energético, para la reforma de las pensiones y de la educación, sobre el salario mínimo y también en materia de justicia. Estamos acreditando que, aunque ha habido un año de tensiones, porque no estábamos acostumbrados a trabajar en esa línea, los partidos estamos siendo capaces de llegar a acuerdos.

P.- Da la sensación, además, de que ciudadanos y empresas estaban demandando cierta estabilidad. En lo político y en lo económico. Estabilidad para volver a invertir como lo estaban haciendo antes de entrar en ese impasse.

R.- Sin duda. Uno de los factores más importantes del momento en el que vivimos en este siglo XXI es la seguridad y la estabilidad política y económica. Crear marcos de confianza donde los ciudadanos sepan que las leyes se cumplen y donde los inversores sepan que pueden abordar un proyecto económico sabiendo que va a haber retorno y una seguridad jurídica garantizada. Son valores que hoy, que tenemos unas cuotas de bienestar y de seguridad física muy alta también queremos esa confianza, como elemento muy importante en las sociedades avanzadas. Creo que lo estamos haciendo bien. Estamos trasladando esa imagen a los inversores y a nuestros socios en el resto de Europa y del mundo. Esa es una de las cosas más importantes que tiene que conseguir un político, generar confianza. Algunos hacen lo contrario. Les gusta hablar mal de España, de lo que tenemos, de la política, de las instituciones, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario.

P.- A propósito de confianza, según el último ranking de Transparencia Internacional, España está, lamentablemente, en el lugar 41 de percepción sobre la corrupción. Hablamos de percepción, porque digo siempre que esto es muy diferente de lo que, la corrupción en sí es luego, en países como el mío, Italia, donde la corrupción es más sistémica. Y también hemos sabido que estamos en el puesto 17 de los 28 países de la Unión Europea. En esta percepción influyen mucho los últimos casos, pero también que duren mucho los procesos en los que la corrupción se juzga. En EEUU hubo casos espectaculares, como el de Madoff, que en un año fue juzgado y condenado. En España hay a veces la percepción de cierta impunidad. ¿Cómo se puede influir para cambiar esta situación en un plazo razonable?

R.- Es verdad que la corrupción, así lo dicen todas las encuestas de opinión, es una de las preocupaciones principales de los ciudadanos. Debemos trabajar en la lucha contra la corrupción, en la consecución de sistemas que nos garanticen la transparencia y la aplicación de las leyes, y en eso hemos estado. En la pasada legislatura fueron muchas las leyes aprobadas para hacer más transparente la financiación de los partidos políticos, para reforzar las penas de los delitos de corrupción, para asegurar que quien ha robado tenga que devolver hasta el último euro de lo robado y si no, no puede obtener beneficios penitenciarios, para hacer una ley de transparencia que no existía. Son medidas recientes y espero que sus efectos se vean en el futuro. Pero si hoy en España hay ese conocimiento de los casos de corrupción es porque el sistema funciona. Aquí nadie la tapa. La policía, los jueces, los fiscales, enjuician y condenan. No hay una corrupción sistémica ni consentida.

Confío en que sigamos trabajando en esa dirección, con el compromiso de todos los grupos políticos. Las leyes aprobadas conseguirán su efecto y fruto de eso, en los próximos años, en los índices de Transparencia Internacional, España será mucho mejor valorada. Para todos los españoles y para todos los que tenemos responsabilidades públicas, salir en un ranking de este tipo mal valorados genera una mayor frustración. Pero me quedo con la parte positiva. Hemos hecho un buen trabajo, estamos poniéndolo en práctica y seguiremos incorporando todas las recomendaciones que se nos hagan en la lucha contra la corrupción.

P.- Ministro, estamos en plena resaca del comienzo de la Operación Pika, que señala directamente al entorno de Artur Mas. Una nueva operación contra la presunta financiación irregular de la antigua Convèrgencia Democràtica de Catalunya. Y me llega el eco de esas palabras del entonces Presidente de la Generalitat Pasqual Maragall que en 2005 espetó al entonces líder de la oposición Artur Mas: “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”. Desde el entorno de Mas ya se habla de operación política. ¿Qué opina de esta operación y de las palabras de los líderes que no creen en casualidades?

R.- La operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil contra esa presunta financiación irregular de la antigua Convergencia i Unió demuestra que las instituciones funcionan. No es algo excepcional, cada día la Guardia Civil, la Policía, los jueces y los fiscales hacen su trabajo y ese trabajo es el que debe dar confianza a la ciudadanía de que las instituciones y el sistema judicial funcionan y garantizan el cumplimento de las normas. Una vez más hay que recordar que nadie está por encima de la ley y para eso están las instituciones, para responder ante casos en los que se puede estar incumpliendo la norma. Ha sido un juez el que atribuye a los detenidos delitos de blanqueo, financiación ilegal, cohecho y malversación; desde el Gobierno no tenemos nada que decir ante decisiones judiciales salvo respetarlas. Quien dude de la objetividad de la Justicia, de la independencia de los jueces y de la autonomía de los fiscales en el ejercicio de sus actuaciones demuestra su escasa calidad democrática, su escaso conocimiento del funcionamiento real de la Administración de Justicia y hace un flaco servicio a la democracia. En España tenemos una Justicia independiente que cada día funciona en el cumplimiento de la ley para garantizar que las leyes se aplican igual para todos.

P.- Uno de los problemas más importantes que tenemos planteado en España para los próximos años es el desafío secesionista en Cataluña. ¿Cómo influye la firmeza de la Justicia en la gestión de esta crisis?

No es judicializar la justicia hacer que se cumplan las leyes”

R.- Tiene un papel muy importante. El funcionamiento correcto y eficaz de la Justicia tiene mucho que ver con la confianza, como decíamos antes. Una sociedad se rige por normas, por reglas, por leyes. Vivimos juntos en sociedad, una sociedad moderna, del siglo XXI y acordamos las reglas con las que convivimos. Los derechos, las libertades y las garantías de todos. Y eso forma parte de nuestro modelo de convivencia que se articula en torno a la Constitución y a una serie de leyes. Todos tienen que saber que las leyes se aplican, cada día, en España. Y que quienes ejercemos responsabilidades públicas estamos especialmente obligados a garantizar el cumplimiento de las mismas. Nadie puede pretender estar al margen de la ley. Ni por su origen político, económico, social o familiar.

Cuando unos pocos, en Cataluña, al surgir el debate secesionista, consideran que tienen el derecho a elegir separarse del resto de España, nosotros, la mayoría de los españoles, les decimos que eso no es así. Que nuestro marco de convivencia, expresado en nuestra Constitución y en nuestras leyes, lo hemos aprobado entre todos. Democráticamente, en un referéndum. Y que muchos pensamos que, 39 años después, sigue siendo vigente. Y una parte de los españoles no pueden decidir lo que ha de ser España. Lo debemos decidir todos juntos. Y podemos votar una reforma de la Constitución, claro que sí, pero entre todos. España tiene cinco siglos de historia compartida, de éxito, dónde estamos hoy y de dónde venimos, porque en los años 70 no había libertades, no había democracia, no había Comunidades Autónomas ni Parlamentos Autonómicos. Y todo eso se ha creado desde la Constitución. Desde ese principio de la Unidad de España y de la Soberanía Nacional podemos decidir qué tiene que ser España y qué queremos cambiar, pero entre todos. Por tanto, que las leyes y los tribunales funcionen cada día para hacer cumplir la ley es una buena noticia para todos.

P.- Hemos conocido recientemente unas declaraciones del juez y ya ex senador Santiago Vidal que ha alardeado, en conferencias, de que la Generalitat tiene datos fiscales de los catalanes, supuestamente obtenidos de forma ilegal. ¿Qué opina de esas declaraciones y de la actitud que ha tenido como respuesta ERC, el partido del Vidal?

Ese modelo de Gran Hermano que lo vigila todo al margen de la ley deberíamos desterrarlo de nuestras vidas”

R.- Las declaraciones no las hace una persona cualquiera. Las hace un senador elegido democráticamente en representación de un partido, que además es juez de carrera, por tanto, una persona que se ha dedicado al derecho y a dictar sentencias. Es decir, una persona cualificada, no un bromista ni alguien que no es consciente ni conoce las consecuencias de lo que dice. Por tanto me preocupa. Me preocupa mucho. A partir de ahí, al lado de esa preocupación, me tranquiliza que la Fiscalía General del Estado esté investigando la cuestión para saber qué hay de cierto en esas declaraciones. Y también que, por lo que se refiere a la protección de los derechos de los ciudadanos, que la Agencia Catalana de Protección de Datos y, en su caso, si es competente para ello, también la Agencia Española de Protección de Datos, nos dé, a todos los ciudadanos y en especial a los ciudadanos catalanes, la garantía y la seguridad de que no se está incumpliendo la ley.

Pero claro, cuando venimos de un entorno en el que algunos creen que se pueden incumplir las leyes o las sentencias del Tribunal Constitucional o que se puede incumplir la Constitución y que no pasa nada, y si pasa algo dicen que nos estamos confundiendo y que estamos judicializando la vida política… pues no. No es judicializar la política hacer que se cumplan las leyes. Tenemos en este asunto que tener la máxima transparencia. Y una investigación rápida para que se sepa qué hay de cierto en esas declaraciones que no son de un cualquiera sino de un juez y de un senador. Y si hay un delito que se impongan las sanciones correspondientes y si no hay delito alguno pues nos quedaremos, todos los ciudadanos, mucho más tranquilos. Pero los ciudadanos tienen que saber si hay bases de datos fiscales de ciudadanos catalanes o listas de jueces cercanos o críticos con el movimiento independentista. Ese modelo de Gran Hermano que lo vigila todo al margen de la ley, deberíamos desterrarlo de nuestras vidas.

P.- Y no sólo esto. También esas partidas ocultas en el presupuesto, se habla de 400 millones, para la causa independentista… también habría que investigarlas, ¿no?

R.- Es que si eso es verdad, también es ilegal. No puede haber partidas presupuestarias con los impuestos que pagan los españoles, los catalanes en este caso, para cometer actos ilícitos. Como un referéndum por la independencia no es posible, es contrario a la Constitución, nadie puede coger el dinero que le dan los ciudadanos para gestionar la educación, para la sanidad, para el transporte, y dedicarlo a algo que sería una ilegalidad.

P.- ¿Y frena todo esto de alguna forma el diálogo que se ha abierto, desde el principio de esta legislatura de una forma más proactiva si cabe, con la Generalitat de Cataluña? ¿Lo puede obstaculizar?

R.- Espero que no. Nosotros tenemos la mano tendida al Gobierno de la Generalitat para abordar los problemas reales de los ciudadanos catalanes. Problemas del futuro de las pensiones, de la calidad de la sanidad, de los chicos que van a llevar el país el día de mañana, de transporte, de carreteras, aeropuertos y trenes. Eso es lo que le importa a la gente en la calle, en el día a día. No me parece que les preocupe un debate sobre la reforma de la Constitución o la independencia. Porque al día siguiente de una hipotética independencia, que ya digo, no es posible, los problemas seguirían siendo los mismos: la sanidad, la educación, las pensiones. Algunos, para eludir esos problemas se han puesto a hablar de otras cosas y han querido sacar un debate que lo cubre todo, pero hay que volver a lo que importa realmente a los ciudadanos. A eso es a lo que nos debemos dedicar los políticos.

P.- ¿Le preocupa Donald Trump?

R.-No me preocupa. Donald Trump es el presidente que han elegido los ciudadanos de los Estados Unidos de América. Lo que me preocupa es que Estados Unidos siga ejerciendo la labor de liderazgo que ha ejercido durante tantos años. En dos ocasiones en nuestra historia, Estados Unidos ha ayudado a defender las libertades en Europa. Y EEUU es un socio para España y Europa, en el mundo, muy importante. En el ámbito industrial, en el comercial, en la investigación, en la defensa. Que siga ejerciendo ese papel de liderazgo que le corresponde y lo haga en un contexto de equilibrios geoestratégicos, eso es lo que me preocupa.

P.- ¿Qué papel puede jugar España en la reacción de la Unión Europea respecto a esos decretos de Trump. A esas decisiones poco trabajadas, como, por ejemplo, la de levantar el muro con México o a esa política discriminatoria respecto a los musulmanes de siete países, donde faltan otros como Afganistán, que debería también estar en esa lista, o Arabia Saudí o Emiratos en los que se dice que Trump tiene interés económicos?

R.- En la Unión Europea hemos dado un magnífico ejemplo de que crear un espacio abierto, de libertad y justicia y también de seguridad, es un elemento de desarrollo. Hemos creado libertades de circulación de personas, de servicios y de capitales y nos ha ido muy bien. Se han fortalecido las democracias, hemos crecido económicamente y hemos incrementado el bienestar de los ciudadanos gracias a ese concepto amplio de Europa del que hoy disfrutamos. Esa misma idea está en el contexto de las características del mundo actual que es abierto. Un mundo global en el que las relaciones económicas, personales y sociales están absolutamente interrelacionadas. Poner limitaciones puede ser un error. Lo cual no quiere decir que no haya que fortalecer la seguridad.

El terrorismo internacional ha puesto de manifiesto que hay que luchar todos juntos contra estas amenazas y que hay que compartir información, tener políticas más o menos homogéneas entre todos los estados del mundo avanzado que hoy conocemos. Comprendo que en EEUU tengan preocupación en la lucha contra el terrorismo y en la lucha por su seguridad. También la tenemos en España o en todos los países europeos, pero la manera de garantizar la seguridad no es incriminar genéricamente a todos los ciudadanos de cualquier país por el hecho de haber nacido allí. Los servicios de inteligencia tienen mucha información de personas que puedan tener intención de cometer un delito pero no por ello deberíamos extender esas suspicacias a todos los ciudadanos de un país o mucho menos a los que profesan una religión determinada. Debemos mejorar la coordinación internacional y garantizar la seguridad en un mundo abierto que tiene muchas oportunidades.

P.- ¿Cómo se puede mejorar nuestra relación -y España tiene mucha experiencia en terrorismo, desgraciadamente- con otros estados de la UE para que realmente todos nos sintamos más seguros frente a una amenaza tremenda y presente en toda Europa?

R.- El terrorismo de hoy es global y el delito no conoce fronteras. No es un problema de un país concreto. Actúa igual en Madrid, que en París, Bruselas o en Londres. Lamentablemente en toda Europa. Es la mejor llamada a la acción coordinada y así lo estamos haciendo. En las cumbres europeas de ministros de Justicia e Interior o en las de jefes de Gobierno, las cuestiones de seguridad y de lucha contra el terrorismo han cobrado mucha importancia en los últimos años. En España tenemos, como usted dice, mucha experiencia, desgraciadamente, en la lucha contra el terrorismo y no sólo en el yihadista que hoy protagoniza nuestras preocupaciones. Nuestra policía y nuestros servicios de inteligencia han creado unos conocimientos y unas capacidades muy intensas que estamos compartiendo. Otros países no tenían tanta experiencia. Seguro que saldremos todos reforzados en la lucha contra esa amenaza que hoy existe en la que nunca podemos estar seguros de que no seremos objeto de una acción terrorista pero cuanto mejor preparados estemos más fuertes saldrán nuestras democracias.

P.- Una de las claves de toda democracia es el respecto de la separación de poderes entre ejecutivo y legislativo. ¿Es España ejemplar en este sentido?

R.- En España, como también en toda Europa, la separación tradicional de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, está bien garantizada por un sistema institucional y un sistema de leyes que establece ese modelo de independencia y cuáles son las competencias de uno y otro poder. Pero es verdad también que el legislativo y el ejecutivo están interrelacionados. El poder legislativo controla al poder ejecutivo. Yo cada semana como ministro, como también el presidente del Gobierno, comparezco en el Congreso y respondo a preguntas y tengo que dar explicaciones. Al presidente del Gobierno lo elige el Congreso de los Diputados. Tenemos un sistema en el que la interacción cotidiana entre el Gobierno y el Parlamento es intensa y lo hacemos en un ejercicio de transparencia y de democracia propio de las democracias del siglo XXI.

P.- Hace unos días murió Bimba Bosé y hemos vuelto a revivir y a padecer la polémica sobre cómo en las redes sociales se vomitan insultos cargados de odio y desprecio. ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y el respeto y la defensa del honor, del pudor y de la dignidad humana?

R.- Así es. Las redes sociales no pueden convertirse en un elemento de impunidad. De la misma manera que en las relaciones sociales cotidianas el insulto, la amenaza o la ofensa está castigada, el hecho de que esos delitos se comentan a través de las redes sociales no puede generar en absoluto ningún mínimo incremento de la impunidad. Y eso hemos hecho. En las últimas reformas del Código Penal hemos incrementado las sanciones. Y cuando se utilizan las redes para expandir los insultos o las amenazas, hemos incidido en que la discriminación por razón de sexo, de raza o de religión es incluso un agravante. Y el Gobierno, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad deben garantizar que no existe el anonimato en las redes. Y que el efecto expansivo que generan las redes debe incrementar la responsabilidad y operar como agravante, en ningún caso como una limitación. Ese es el compromiso que debemos tener.

P.- Hemos hablado de la lentitud de la Justicia y, obviamente, en esto incide también su digitalización. ¿Cómo vamos con esto?

R.- Vamos avanzando. Tenemos un déficit, un ‘gap’ de nuevas tecnologías en la Justicia muy alto, es cierto. Y mi objetivo es que nos pongamos al nivel de otros sectores de la sociedad española. No pretendo que seamos los primeros o los líderes pero sí que estemos al nivel de los bancos, o de las empresas de seguros, o de los medios de comunicación.

P.- ¿Por qué hemos llegado a esta situación en un Ministerio donde la rapidez de acción debería ser clave?

No puede ser que un ciudadano haga la compra por internet y en el ministerio deje la chaqueta digital y vuelva al siglo XIX”

R.- Tal vez sea un cúmulo de circunstancias, que hemos analizado, pero quizá influya, sobre todo, que la cultura de este sector es muy tradicional y muy conservadora. Una cultura donde las tecnologías no han llegado. Damos preferencia a las garantías y la seguridad jurídica respecto a la calidad y la eficacia; el juez quiere ver el papel, leerlo y manosearlo y no utilizar el DVD con la grabación de la vista. Esto es lo histórico, el origen. Pero ya está cambiando. Hay ya en España más de 1.000 juzgados donde la digitalización ya ha llegado. Se da entrada a las demandas o los escritos de los abogados por correo electrónico, se tramita de manera electrónica en el juzgado y se acaba firmando por un juez con firma electrónica. Esto puede parecer de ciencia ficción, pero ya existe en más de 1.000 juzgados.

Estoy seguro que en esta legislatura veremos cerrar todo el proceso y tendremos las nuevas tecnologías incorporadas al día a día de la Justicia, como en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social. Y, sobre todo, como en el resto de la sociedad. No puede ser que yo, como ciudadano, haga la compra por internet o utilice las redes para comunicarme con mis círculos y cuando llegue al ministerio deje la chaqueta de ciudadano digital y vuelva al siglo XIX. Es un absurdo y vamos dando pasos en esa dirección. El año pasado hubo más de 75 millones de comunicaciones digitales entre abogados y tribunales. Es un proceso ya imparable y así seguirá siendo.

P.- Si usted fuera director de Recursos Humanos de este Gobierno, ¿cuáles destacaría como tres puntos fuertes de este Ejecutivo? ¿Y cuál sería alguna de sus áreas de mejora?

R.- Uno de los puntos fuertes es la labor de coordinación del presidente y de la vicepresidenta que hace que trabajemos todos en la misma dirección. Cada uno en sus asuntos, ya sabe que -como en la docencia- a cada uno le parece su asignatura lo más importante, pero al final hay que sumarlas. El segundo punto fuerte es el estilo que ha marcado el presidente del Gobierno. Esta es una legislatura de diálogo, de acuerdos y de búsqueda de consensos, y en eso estamos trabajando todos. Y lo tercero es que tenemos los objetivos claros, la agenda política bien establecida y priorizada. Y ya que me lo dice, alguna de las debilidades está en los problemas muy importantes que tenemos en España. La tarea no es menor. Los ciudadanos europeos de las sociedades avanzadas demandan y piden servicios de calidad, con pensiones en unas cantidades que garanticen una vida adecuada, que nuestra sanidad y nuestra educación funcione, que el tren no se demore… y está muy bien que exijamos todo esto a los poderes públicos. Eso nos genera una tensión muy importante, pero en eso está la gracia y el arte de este trabajo. En ser capaces de responder a las demandas de los ciudadanos.

P.- Para terminar, ¿cómo mantiene la calma y la serenidad con las que aparece en los telediarios?

R.- Gracias (risas). Creo que tiene un componente personal y que tiene que ver con la genética. También de lo aprendido en casa; que los problemas no se resuelven antes por perder las formas. Soy un jefe exigente pero también que sabe que hay que cuidar a las personas y no estresando a los equipos que pueden acabar reventando.

Decía Antoine de Saint-Exupery, autor de El principito: “Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”. La sensación que tengo conversando con el ministro Catalá es que ha puesto su inteligencia al servicio de su profesión y lo hace con amor, pasión, intentando seguir siendo buena gente….¡Que no es poco!