En Castilla y León existen dos imperios mediáticos que confluyen en un punto: RTVCYL. Es decir, la televisión privada autonómica, sostenida con fondos públicos. Hasta el momento, han sido decenas de millones de euros los que ha recibido para la emisión de contenidos de «interés general».

Uno de estos grupos es Promecal, que es el de Antonio Miguel Méndez Pozo. Otro, Edigrup, el de José Luis Ulibarri. Ambas compañías fueron las principales beneficiadas por el reparto de publicidad institucional en 2018 dentro de esta comunidad autónoma; habitualmente, situada a la sombra de la atención mediática.

Se da la circunstancia de que, en julio de ese año, José Luis Ulibarri fue detenido por su presunta implicación en la operación Enredadera, en la que se investiga el supuesto amaño de contratos públicos.

Este empresario, quien también fuera investigado en el caso Gürtel, abandonó el Consejo de Administración de RTVCYL hace unas semanas como consecuencia de sus problemas con la justicia. En compensación, sus tres hijos pasaron a formar parte de este órgano, tal y como adelantó Eldiario.es.

Los dos grupos que más ingresaron

Los datos publicados en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León revelan que Edigrup percibió 2,49 millones de euros en publicidad institucional durante el ejercicio 2018, frente a los 3 millones que facturó Promecal.

Este último grupo mediático está encabezado por Méndez Pozo, rival de Ulibarri, y quien fue condenado en 1994 a siete años de prisión por inducción a la prevaricación, falsedad en documentos públicos y privados; y desacato. Todo, dentro de un caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Burgos.

El grupo de Méndez Pozo explota, principalmente los periódicos Diario de Burgos, que percibió 553.876 euros, Diario de Ávila (505.026), Diario Palentino (467.761) y El Día de Valladolid (220.621). También la Agencia ICAL de noticias, que ingresó 1,3 millones de euros.

Ulibarri (Edigrup), por su parte, controla el centenario Diario de León (532.043 euros), así como El Correo de Burgos (246.190), Diario de Castilla y León y Diario de Valladolid (1,19 millones de euros).

Decenas de millones de subvenciones

Caso aparte es el de la televisión autonómica, a la que le corresponde en este ejercicio una subvención directa de 19 millones de euros para cumplir con las obligaciones de interés general que tiene estipulada. Entre 2010 y 2018, este medio de comunicación facturó 176 millones de euros con cargo a los presupuestos autonómicos y concedidos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Durante varios años, estuvo ocupada por Antonio Silván, quien aparece en los pinchazos telefónicos que se realizaron a Ulibarri durante la investigación de enredadera.

En uno de ellos, tal y como informó Leonoticias, Silván le hablaba de una adjudicación: “Bien, muy bien, ha salido muy bien”, relataba, en la conversación, en referencia a un procedimiento que se había cerrado de forma favorable a los intereses del constructor.

La audiencia de RTVCYL es residual. El pasado noviembre, el canal La 7 obtuvo un 1,1% de la cuota de pantalla

Además de las subvenciones directas, la Junta de Castilla y León, entonces presidida por Juan Vicente Herrera, también aprobó una ayuda de 27 millones de euros -en 5 anualidades- para que esta empresa pudiera abonar el IVA que la Agencia Tributaria ha reclamado en los últimos años a las televisiones que se han financiado con cargo al dinero público, y que no habían abonado previamente porque consideraban que dichas subvenciones no estaban gravadas con este impuesto.

Hay que recordar que la audiencia de RTVCYL es residual. El pasado noviembre, el canal La 7 obtuvo un 1,1% de la cuota de pantalla, mientras que La 8, el 0,7%.