Pocos meses después de que Isabel Díaz Ayuso alcanzara la presidencia de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración de la radio y televisión autonómica ha estallado debido a la deslealtad institucional con la que consideran que la mandataria y su entorno se comportan con Telemadrid.
Fuentes de este órgano sospechan que la intención del Gobierno autonómico es acorralar al director general de esta empresa pública, José Pablo López, para provocar su dimisión. Por esta razón, ha hecho caso omiso a algunas de las peticiones que le ha trasladado el equipo gestor de la cadena, algo que ha paralizado algunos de los proyectos que manejaban.
A este respecto, hay que aclarar que cuando en 2015 se reformó la ley sobre la Radio-Televisión Madrid (RTVM), el ente público se transformó en una sociedad anónima cuyo capital es titularidad, en su totalidad, de la Administración autonómica. También se estableció que los contratos que rubricara esta empresa deberían contar con la autorización del Ejecutivo regional.
En teoría, esta condición sirve para evitar que se disparara el déficit de Telemadrid. Pero, en la práctica, el Gobierno autonómico la puede utilizar para limitar el margen de maniobra y la independencia de un equipo directivo.
Vacío de la CAM
Desde el Consejo de Administración lamentan la negativa de Díaz Ayuso a tener casi cualquier contacto con Telemadrid, de la que dijo hace unos meses que ya no es un servicio público esencial. También critican abiertamente el rechazo con el que ha respondido su Gobierno a las peticiones para cubrir las bajas laborales y para realizar contratos de fin de semana para poder ofrecer el deporte autonómico. También critican la falta de respuesta a la solicitud para adquirir, mediante leasing, equipos técnicos que permitan emitir en alta definición.
De paso, recuerdan que, al contrario que ocurría en el pasado, Telemadrid ya no es una empresa deficitaria.
Hay que tener en cuenta que José Pablo López asumió la dirección general de Telemadrid en febrero de 2017 y que su mandato tiene una vigencia de seis años. Esto no es casual, dado que al redactar la ley de la RTVM se estableció un período de tiempo más largo que el de una legislatura -4 años- para evitar que cada Gobierno autonómico impulsara a su propio candidato para dirigir la cadena.
El caso de Telemadrid fue singular, dado que a López se le eligió a través de un concurso de méritos –al contrario que a sus antecesores- y varios de sus consejeros fueron designados por las asociaciones profesionales de periodistas.
Esto no evitó la politización de este órgano ni garantizó la paz interna –de hecho, en los primeros meses de gestión hubo conocidas disputas entre sus vocales-, pero sentó un precedente, dado que, hasta entonces, habían sido los propios grupos parlamentarios los que habían situado a sus afines en los puestos del Consejo.
Comunicado del Consejo
Este órgano ha hecho público este miércoles un comunicado en el que lamenta la encrucijada en la que se encuentra este servicio público como consecuencia de la actitud adoptada por el Gobierno autonómico.
En el texto, se afirma: “El pasado 4 de diciembre el Consejo de Administración de RTVM y el Director General dirigieron una carta a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en su calidad de Presidenta de la Junta General de Accionistas de la compañía, para solicitarle una reunión, petición que aún no ha sido respondida. En esta situación, el Consejo de Administración y la Dirección general hacen una llamada a la reflexión en línea con la responsabilidad demostrada por los trabajadores de RTVM durante estos 3 años”.
Una de las personas que más beligerancia ha demostrado contra José Pablo López en los últimos meses ha sido el exportavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha llegado a acusar al director general de Telemadrid de formar parte de “una trama de contratos irregulares que arrancó cuando presidía el tránsfuga Garrido”.
Una de las principales recriminaciones que los críticos del actual equipo directivo de Telemadrid es que ha bloqueado la convocatoria de elecciones sindicales para evitar el crecimiento en el Comité de Empresa del Sindicato Independiente. Otra, es que Telemadrid está potenciando la figura del falso autónomo, lo cual supone un fraude de ley.
Fuentes sindicales recuerdan que entre 2004-2016, en el área de redacción se realizaron más de 200 contratos por obra para configurar lo que se denominó como ‘la redacción paralela’. En este período, se rubricaron 50 contratos de directivos que implicaron, a posteriori, un gasto en indemnizaciones de 1,8 millones de euros.
Fuentes cercanas al equipo directivo de Telemadrid se defienden de estas críticas y afirman que todos los contratos que se han rubricado durante los últimos tres años han sido aprobados por el Gobierno autonómico.
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