La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un fotógrafo de La Orotava a un total de 67 años de cárcel por ocho delitos de corrupción de menores --por elaboración de material pornográfico--, cuatro de exbicionismo y provocación sexual y seis de abusos sexuales a menores.
La sentencia, hecha pública este martes, recoge también la inhabilitación especial durante cinco años para ejercer una profesión u oficio relacionado con menores y la libertad vigilada durante diez años y orientada a participar en programas formativos de educación sexual.
Asimismo, el magistrado expone que no podrá haber tercer grado penitenciario hasta que el hombre, que tiene 45 años, haya cumplido la mitad de la condena e impone una indemnización a las víctimas de 43.000 euros.
Además, se le impide acceder a menos de 200 metros de las víctimas y comunicarse con ellos a través de cualquier vía, ya sea telefónica, postal o telemática, aparte de que se han decomisado todos sus dispositivos tecnológicos para destruir o borrar el material gráfico.
Según Europa Press, El condenado ha sido absuelto de otros dos delitos de corrupción de menores y abuso sexual y puede interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Los hechos afectaron a más de una decena de menores --todos varones-- entre los años 2015 y 2017 cuando el condenado, en su condición de 'fotógrafo de eventos', se publicitaba a través de las redes sociales bajo la marca P.J.PHOTOS y contactaba con menores con el pretexto de realizarles fotografías y un 'book' personalizado.
En esas sesiones, les solicitaba que se desnudaran íntegramente y les enviaba fotografías de sus órganos sexuales o de otros jóvenes con el fin de que hicieran lo mismo, y en muchas ocasiones, con "ánimo lúbrico" y para "satisfacer su apetito sexual", les realizaba tocamientos.
Así, hubo varias relaciones sexuales completas en su propio domicilio o en otros lugares como Aguamansa, en la zona alta de La Orotava, o en el paraje de Rambla de Castro, en el municipio vecino de Los Realejos.
El hombre, que se encontraba ya en prisión, ya había sido condenado en 2010 a más de cinco años de cárcel por hechos de naturaleza similar.
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