El pasado 23 de diciembre la Policía Nacional informó de que había detenido en Navalmoral de la Mata (Cáceres) a los líderes de una "secta destructiva". Se trataba de un psicólogo y de su mujer, que presuntamente llevaban 20 años ofreciendo distintas pseudoterapias en las que "manipulaban" y "victimizaban" a la gente, consiguiendo doblegar su voluntad hasta tal punto que sus adeptos abandonaban las terapias médicas convencionales, avaladas por la evidencia científica.

Para hacerlo también se valían de drogas como la marihuana, la MDMA, la ayahuasca o el peyote, que suministraban a sus víctimas. Según fuentes policiales, llegaron a aglutinar en ocasiones a más de 50 personas, que conseguían aislar por completo del mundo exterior, ejerciendo un "control total sobre ellos" hasta el extremo de que no les permitían decidir en qué lugar residir, qué estudios cursar y con quién contraer matrimonio.

Y mientras tanto, los líderes se enriquecían. Durante los registros la Policía intervino más de 100.000 euros sólo en efectivo, pero las demandas económicas que hacían a sus víctimas eran "constantes". La historia suena a película, pero quizás lo más sorprendente era que la secta mantenía un discurso de odio respecto a la homosexualidad, alegando que se trataba de una enfermedad que se podía revertir. ¿Cómo? Fácil: mediante abstinencia sexual y manteniendo relaciones obligadas con la líder del grupo.

"Es el primer caso que conozco en España en el que se se utilizan las relaciones sexuales con el género opuesto para 'curar' la homosexualidad. Aunque algunas víctimas de terapias de conversión sí nos habían comentado que estuvieron en grupos donde el objetivo final era casar a un gay 'curado' con una lesbiana 'curada' para que formaran una familia", relata Saúl Castro, abogado experto en derechos LGTBI y presidente de la Asociación Contra las Terapias de Conversión, que se ha personado en el caso de Navalmoral de la Mata como acusación popular.

El experto lleva años investigando el alcance de estas terapias en nuestro país. Y se ha encontrado con métodos de todo tipo para tratar de reconducir a los homosexuales. Desde enfoques psicoterapéuticos "mal aplicados", como ponerse una goma alrededor de la muñeca para asociar el dolor a los pensamientos homoeróticos, hasta ejercicios de desnudez forzada, control masturbatorio o castidad forzada. E incluso cosas peores, como exorcismos, técnicas de aislamiento social y medicación para reducir la lívido.

Pero el caso de Cáceres ha sido diferente por más motivos. "Es la primera vez que veo que las supuestas terapias de conversión se integran junto a más acciones criminales. En general los casos que nosotros hemos investigado estaban únicamente orientados a curar la homosexualidad", comenta. "Que este asunto se descubriera por una casualidad -mediante colaboración ciudadana- es sintomático de la impunidad que hay con las terapias de conversión por la falta de medios, de conocimiento o de interés. Porque nosotros vimos que hace un año ya se hablaba de estos hechos en algunos blogs", añade.

Terapias de conversión en España

En un informe de 2020, el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU aseguró que las terapias de conversión (que comparaba con "torturas") eran un fenómeno global presente en más de 80 países. Según estimaciones del Parlamento Europeo, se calcula que al 5% de la comunidad LGBTIQ se le han ofrecido estas terapias, y que el 2% se ha sometido a ellas. Aunque esas cifras podrían ser "mucho más elevadas".

La ONU apunta que estas técnicas son "muy frecuentes" en África y "bastante frecuentes" en América Latina, el Caribe y en Asia. Pero también estima que en EEUU unas 700.000 personas han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida. Y aunque España es uno de los países más avanzados del mundo en derechos LGTBIQ -cabe recordar que 67 estados prohíben las relaciones homosexuales a día de hoy- no somos una excepción.

"Desde principios de los años 2.ooo hemos verificado más de 80 perpetradores de terapias de conversión en España. Pero aquí había y hay dos que actúan de manera completamente impune. Por un lado, la asociación 'Es posible la esperanza', vinculada a la Iglesia católica directamente, que perpetra estas prácticas en ubicaciones como los arzobispados de Alcalá de Henares y Valencia. Y por otro lado la asociación 'Verdad y libertad', que actúa más en Valencia y Andalucía", asegura Castro.

El propio abogado detalla que una decena de miembros de la Iglesia, incluidos obispos, amparaban y publicitaban las terapias que ofrecía esta segunda organización. Y aunque explica que algunos grupos evangélicos y protestantes también las emplean en sus comunidades, no es algo único de la religión. Algunos, entre comillas, expertos también las ofrecen, amparándose en profesiones con una regulación laxa, como el coaching.

El 75% de las personas que acuden a este tipo de terapias lo hacen de manera forzada. En la mitad de ocasiones son familiares quienes los empujan a hacerlo, pero otras veces también son gente cercana de confianza, o incluso líderes de sus grupos religiosos. El 25% restante acude de manera voluntaria, pero en estos casos, como explica Castro, hay un "consentimiento viciado", porque los perpetradores les engañan con métodos que no están avalados científicamente. En el caso de los bisexuales también se utilizan, reforzándoles su heterosexualidad.

Una realidad opaca

En España no se ha realizado ningún estudio que aborde este tema en profundidad. Desde la Asociación Contra las Terapias de Conversión apuntan que ellos han tomado declaración a unas 25 víctimas, pero consideran que sólo son "la punta del iceberg" de una problemática que debe afectar "a cientos de personas".

"Las víctimas con las que hemos hablado nos han explicado que estaban en grupos donde habían cientos de personas más, que iban saliendo cuando se 'curaban' para que entraran otras. Pero al ser un fenómeno tan privado es complicado contabilizarlo. Hasta 2016 había páginas webs que ofrecían encuentros y talleres para hacer terapias de conversión. Pero en la actualidad se organizan más a través redes informales, contactos en parroquias o grupos cristianos religiosos, para evitar que la Administración pública pueda sancionarles", explica Castro.

No es casualidad. El abogado relata que en 2016 algunas CCAA comenzaron a aprobar leyes LGTBIQ, pero en las que únicamente se prohibían estas prácticas en servicios públicos. En la actualidad Murcia, Cataluña, Navarra, Baleares y Madrid mantienen este sistema, pero otras regiones han dado un paso más, prohibiéndolas por completo y estableciendo sanciones administrativas. Es el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Canarias.

"La Ley Trans de 2023 replicó este último modelo, pero se trata de un sistema fallido, porque dota a las consejerías con competencias LGTBIQ de capacidad de sancionar a las personas que practiquen o promuevan estas terapias, pero no tienen capacidades judiciales para investigarlas. Por ejemplo, no pueden dar órdenes de entradas de registro o intervenir comunicaciones. Por eso desde 2016 hasta ahora todavía no se ha impuesto ninguna sanción por terapias de conversión, y muchas denuncias están cayendo en el olvido. Hay que modificar el código penal para criminalizarlas y sancionarlas con penas de prisión", concluye Castro.