La Fiscalía de Madrid ha solicitado ocho años y seis meses de prisión para un joven que agredió a un enfermero en el metro tras una discusión por no llevar bien la mascarilla.

Según ha informado este viernes la Fiscalía Provincial de Madrid, el representante del Ministerio Público le imputa un delito de lesiones y reclama una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 80.383 euros puesto que la víctima perdió la visión del ojo derecho.

Los hechos tuvieron lugar el 13 de julio del pasado año en el interior de un vagón del metro de la línea 1, en el trayecto comprendido entre las estaciones Cuatro Caminos y Alto del Arenal, cuando la víctima, enfermero de profesión, requirió en varias ocasiones al acusado que se colocara «correctamente» la mascarilla dado que la llevaba puesta a la altura de la barbilla sin cubrir nariz y boca.

Otros pasajeros se unieron a la protesta, pese a lo que el acusado se negó «reiteradamente» a ponerse la mascarilla de manera correcta. Fue el propio enfermero quien lo hizo, y comenzó entre ambos una discusión en la que se lanzaron mutuamente patadas y puñetazos hasta que fueron separados por otros usuarios.

Segundos después, una vez que el vagón se detuvo en la parada de Alto del Arenal, el acusado, «con ánimo de menoscabar la integridad física» de la víctima, le dio un puñetazo en el ojo con el borde del teléfono móvil que llevaba en la mano al tiempo que gritaba «gilipollas, ojalá te mueras» y después huyó del lugar.

Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió la visibilidad del ojo derecho y las secuelas oculares que presenta «le suponen un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado ligero», según apunta la Fiscalía.

Por ello, el Ministerio Público pide ocho años y seis meses de prisión para el acusado, que fue detenido el 19 de julio de 2021 y se encuentra en prisión provisional desde 21 de julio de 2021.

El supuesto agresor tiene antecedentes por varios robos y hurtos al descuido, delitos contra el patrimonio y una reclamación judicial en Baleares.

La Fiscalía recuerda, además, que el acusado, de nacionalidad colombiana, «no ha aportado documentación alguna que le permita permanecer en España» y que tampoco consta «la existencia de razón alguna que justifique su permanencia en España».