La Policía Nacional arrestó a dos mujeres de origen colombiano, de 32 y 39 años, acusadas de dirigir una red de trata que explotaba sexualmente a compatriotas en un piso del barrio de El Llano. Las víctimas, captadas en Colombia con falsas promesas laborales, enfrentaban condiciones de esclavitud moderna, incluyendo deudas coercitivas y vigilancia constante.

El grupo operaba bajo un esquema de endeudamiento forzado: las víctimas contraían supuestas deudas de 12.000 euros por conceptos de billetes aéreos, alojamiento y manutención. Una vez en España, se les confiscaban los pasaportes y eran obligadas a prostituirse 24 horas al día, incluso durante períodos de enfermedad o menstruación. 

Según informa Europa Press, las acusadas controlaban cada transacción mediante plataformas digitales, publicitando los servicios en páginas web locales y reteniendo el 40-50% de los ingresos.

Para evadir controles migratorios, instruían a las víctimas a identificarse como turistas, mostrando billetes de ida y vuelta y reservas hoteleras ficticias. Este patrón coincide con casos anteriores en Gijón, como la operación Estorque (2023), donde se desarticuló una red que explotó a 50 colombianas usando amenazas de sicarios.

La detención se enmarca en el Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que prioriza la colaboración con ONG y la protección de víctimas. Asturias, particularmente Gijón, ha sido escenario recurrente de estos delitos: en 2023, seis personas fueron arrestadas por explotar a mujeres en pisos del centro urbano, usando cámaras de vigilancia y rotación trimestral de víctimas.

El Principado de Asturias implementó en 2025 un protocolo de atención a víctimas de explotación sexual, inspirado en modelos antiterroristas, que ha permitido identificar 19 casos de trata y liberar a 108 mujeres de redes de prostitución. No obstante, el 68.6% de la explotación sexual en la región aún ocurre en pisos particulares, según datos oficiales.

Este caso revela la persistencia de redes transnacionales que aprovechan vulnerabilidades socioeconómicas en países de origen. La Fiscalía destaca que las víctimas suelen aceptar las condiciones iniciales por necesidad, pero luego enfrentan coacciones que imposibilitan su salida.

Pese a los avances legales –como la tipificación del delito de trata en el Código Penal–, la falta de armonización legislativa en la UE complica la persecución de estos crímenes. Expertos urgen a fortalecer la cooperación policial hispano-colombiana, ya probada en operaciones como Estorque, donde se recuperaron 50.000 euros y se desmantelaron redes de blanqueo.

La explotación sexual en Asturias no es un fenómeno aislado, sino parte de una cadena global que exige respuestas integradas, desde la prevención en países emisores hasta la reintegración socioeconómica de las supervivientes.