China ha dado un paso nunca antes visto en el control del mundo digital. De ahora en adelante, influencers y streamers que quieran hablar de salud, derecho, finanzas o educación deberán demostrar que tienen la formación necesaria, ya sea un título universitario, una licencia profesional o una certificación oficial.

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La Administración del Ciberespacio de China (CAC) asegura que la medida busca garantizar la credibilidad del contenido y proteger a los usuarios de información errónea o engañosa. Así, todos los creadores de contenido que tengan más de un millón de seguidores deberán contar con la carrera correspondiente si quieren hablar de temas que se consideren importantes.

En un país donde las redes sociales y el streaming mueven audiencias masivas, el gobierno considera que esta norma es una forma de separar el entretenimiento de la información profesional. Según Pekín, solo quienes puedan acreditar su conocimiento deberían opinar sobre temas "serios".

La desinformación, uno de los motivos de esta norma

El auge de las redes sociales y plataformas de streaming ha permitido que personas sin formación especializada alcancen audiencias masivas. Esto ha dado lugar a consejos médicos no verificados, explicaciones jurídicas incorrectas o recomendaciones financieras sin base científica.

La pandemia de COVID‑19 puso aún más de manifiesto los riesgos de la información sin control. Para el Gobierno chino, regular quién puede hablar de estos asuntos es ahora una prioridad política y social. Las autoridades sostienen que la línea entre entretenimiento, publicidad e información fiable se ha vuelto difusa. Muchos usuarios no distinguen entre un creador de contenido popular y un profesional acreditado.

Títulos universitarios, certificaciones y sanciones

Las plataformas más populares del país deberán verificar que los creadores cuenten con las credenciales adecuadas -títulos, certificaciones o licencias- antes de permitirles publicar contenidos sobre temas sensibles. Además, los influencers tendrán que especificar si su contenido se basa en estudios científicos, informes oficiales o incluso si ha sido generado mediante inteligencia artificial.

Quienes incumplan la norma se arriesgan a sanciones económicas de hasta 100.000 yuanes, a la suspensión de sus cuentas o a la retirada de contenidos. Por su parte las plataformas que no realicen la verificación también pueden ser consideradas responsables legalmente.

Estrategia para regular el mundo digital

La medida forma parte de la campaña Qinglang y refleja el interés del gobierno por profesionalizar el contenido digital y proteger a los usuarios de influencias negativas. Esta estrategia -anunciada en febrero con la intención de combatir el uso indebido de la IA- incluye desde la regulación de contenidos para menores hasta el control de estilos de vida en redes sociales y la supervisión del comercio electrónico vinculado a influencers.

Para Pekín, esta norma asegura que quienes hablen de temas complejos tengan formación demostrable, evitando la propagación de bulos y consejos irresponsables. Sin embargo, críticos internacionales advierten que también plantea preguntas sobre la libertad de expresión y sobre el papel de las plataformas como filtros de credibilidad.

China marca así una regulación que podría servir de ejemplo en otros países: la popularidad ya no basta para opinar sobre asuntos importantes. Solo quienes puedan demostrar conocimientos podrán hacerlo. La duda es si este modelo podría influir más allá y cambiar la forma en que se regula la información digital en otros lugares. ¿Será España el siguiente?

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