El PSOE, que actúa en el caso Púnica como acusación, bajo el paraguas de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, ha recurrido el sobreseimiento provisional de la investigación que la Audiencia Nacional realizó sobre Javier Monzón, presidente del Grupo Prisa. A juicio de los solicitantes, esta medida se tomó de forma prematura, de ahí que hayan pedido que vuelva a ser imputado.

En un recurso fechado el pasado 20 de enero, se posicionan en contra del sobreseimiento, al igual que hizo la Fiscalía el pasado diciembre, tal y como adelantó Europa Press. Lo hacen porque consideran que la instrucción “no está agotada”, como se demuestra, por ejemplo, en que el pasado 13 de enero dos funcionarios de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) pusieran en conocimiento de la justicia la posible existencia de irregularidades en nuevos contratos celebrados entre el ente público en Indra.

Los recurrentes inciden en que el Juzgado de instrucción tuvo conocimiento el día 10 de enero -es decir tres días antes de dictar el auto de sobreseimiento de Monzón- de nuevos hechos que “afectan directamente a la empresa (Indra) y que, por ende, podrían ‘tocar’ a su entonces presidente, Francisco Javier Monzón de Cáceres”. Y continúa: ni la Fiscalía ni “esta acusación” han podido formular ningún tipo de pregunta al presidente de Prisa y expresidente de Indra al respecto, dado que declaró en octubre del año pasado.

También recuerdan que entre las funciones que tenía asignadas Monzón en la empresa tecnológica española estaba la de “velar por el cumplimiento de la ley”, lo que, en su opinión, desmonta toda la argumentación contenida en el auto de sobreseimiento recurrido sobre la inexistencia de un deber de control y vigilancia, “pues velar por el cumplimiento de la ley va más allá incluso de vigilar y controlar que no se cometan delito”.

Para los recurrentes, resulta evidente que el presidente de Indra “debería de prestar especial atención al tipo de contratos falsos” que presuntamente rubricó esta empresa con la trama Púnica, para “temas tan delicados como el recuento electoral”. Sea como fuere, recuerdan que los mecanismos de control contra la corrupción puestos en marcha por Monzón “no solo no impidieron la realización, ni siquiera, contribuyeron a detectar el desarrollo de actividades presuntamente delictivas por personal de INDRA”.

Nadie le implicó

Asimismo, ponen en cuestión el argumento utilizado para levantar la imputación de Monzón, relacionado con que ninguno de los investigados le involucró en la trama.

Cuestionan este razonamiento porque consideran que el contenido de sus declaraciones “puede ser determinante por sí solo y tiene un valor parcial como indicio inculpatorio, dado que no están sometidos a la obligación legal de decir verdad”.

Y añaden: “tampoco puede ser considerada como elemento suficiente para exculparle en presencia de otros indicios, y menos aún en fase de instrucción, cuando lo único a tener en cuenta son indicios racionales”.

En respuesta a este recurso de apelación, la defensa de Javier Monzón y la representación de Indra han presentado un escrito para oponerse a los argumentos que ha planteado AEDE relacionados con el sobreseimiento, tal y como explican fuentes jurídicas.

Sobreseimiento

El auto recurrido por el PSOE y la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Independiente, incide en que no sólo no existe indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados por parte del presidente de la compañía en el momento de los hechos, sino que, además, «ninguno de los investigados ha hecho referencia alguna a la interlocución de Francisco Javier Monzón, o interferencia, o interés», hasta el punto de que en los interrogatorios no ha habido referencia alguna o han negado haber hablado con él cualquier asunto relativo a los hechos investigados.

Y agrega: «Ninguno de los directivos investigados reconoce deber de supervisión o dación de cuenta al presidente de la compañía en la contratación examinada.

El Consejo de Administración de Prisa decidió, tras la elaboración de un informe, mantener a Monzón como presidente no ejecutivo.

Cabe recordar que el Grupo Prisa inició una investigación interna el pasado septiembre para determinar si la imputación de Monzón por presuntos delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho y organización criminal le inhabilitaba para manterse en su posición, no ejecutiva.

Unas semanas después, su Consejo de Administración decidió mantenerle en su puesto, tras recibir un informe realizado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del grupo.

Hay que recordar que Monzón sustituyó en diciembre de 2018 a Manuel Polanco como presidente de la compañía, tras la dimisión del hijo del fundador de la compañía.