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La recuperación del dinero acaba uniendo a afectados y al responsable de Funnydent

Los mismos abogados defienden a un centenar de afectados por el cierre de Funnydent y al dueño de las clínicas dentales, Cristóbal López Vivar. Éste ha denunciado a los administradores judiciales por dilapidar el patrimonio de las clínicas y si gana, lo recuperado irá primero a solventar las demandas de los afectados por el cierre.

Clínicas Funnydent.

Clínicas Funnydent.

En un curioso giro de guión, afectados del caso Funnydent – que vieron sus tratamientos interrumpidos tras el repentino cierre de las clínicas dentales en enero de 2016 – han acabado unidos al dueño y responsable del caso hasta el momento, Cristóbal López Vivar.

La plataforma de afectados de Alcorcón, a quién defiende el despacho Durán y Durán y que aún mantiene un centenar de denuncias sin resolver, ha aceptado que estos abogados defiendan también al presunto estafador, Cristóbal López Vivar, con una condición: que el dinero que él pueda recuperar vaya primero destinado a cubrir las demandas económicas de los afectados.

Porque López Vivar, que fue detenido al día siguiente del cierre de las clínicas, se presenta ahora como otra víctima del caso. Así consta en la denuncia que puso en el mismo juzgado de Navalcarnero que investigaba la presunta estafa. En junio de 2017 el dueño de Funnydent denunció la presunta mala gestión y “dilapidación de su patrimonio”. Los dos administradores judiciales, su asistente y un administración concursal están siendo investigados por el juzgado por “estafa, apropiación indebida y administración desleal”.

Este proceso se desarrolla en paralelo al que los afectados denunciaron contra él tras el cierre de la clínica. Aunque el juzgado número 4 de Navalcarnero sobreseyó el caso en  febrero de 2017 al no apreciar estafa sino tan sólo “mala gestión”, en abril de 2018 se reabrió la causa por “indicios de estafa” y se encuentra en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los porqués del cierre, según López Vivar

“Mi empresa dio beneficios todos los años”, defiende López desde el despacho de sus abogados. “El día que yo cerré las clínicas puse un cartel de que lo hacía por tres días, era el tiempo que necesitaba para solventar algunos problemas y ver cómo salía adelante. Tenía un inversor interesado en entrar, barajaba cerrar alguna de las clínicas o pedir un crédito. Si la Seguridad Social me hubiera dado un aplazamiento de seis meses para el pago nada de esto hubiera pasado”, asegura.

López Vivar asegura que la situación de la empresa tenía salida pero al ir a prisión la empresa se derrumbó en su ausencia

Los porqués del cierre los sitúa López Vivar apenas unos meses antes, cuando al cambiar de programa de contabilidad descubrieron “un desfase de 1,5 millones de euros, para mí era una cantidad pequeña, apenas un mes de facturación”. A eso se unieron problemas económicos que le generaron problemas con la plantilla. “Les pedí un esfuerzo extra y es cierto que durante algunos meses no cobraron la totalidad de su sueldo. Algunos se rebelaron y empezaron a faltar al trabajo. Habíamos contratado a mucha gente de golpe y ahí siempre se te cuela gente”, afirma. Tres meses de impagos a la Seguridad Social, que embargó las cuentas, terminaron de dificultar la situación.

López Vivar cambió la noche antes del cierre las cerraduras de las clínicas. Achaca la decisión a su desconfianza “en parte de la plantilla”. Un centenar de ellos, de hecho, acudieron a las oficinas centrales de Funnydent en Navalcarnero donde se encontraba el dueño horas después del cierre. “Destrozaron las oficinas, no pude salir de allí hasta la una de la madrugada y a las ocho del día siguiente me detuvo la jueza. Pasé dos meses en prisión preventiva. La empresa se derrumbó en mi ausencia”, afirma.

Denuncia de “expolio”

La detención de López Vivar le impidió, según asegura, “gestionar una situación que era viable”.  Quién se hizo cargo de la empresa fueron dos administradores judiciales que estuvieron a cargo de la compañía 18 meses. “Han dilapidado mi patrimonio, malvendido algunas clínicas, apoderándose del material y vendiéndolo a terceros y usando los vehículos de renting de la compañía”, afirma el empresario.

López Vivar recuperó el control de la compañía el año pasado y asegura haber recibido “apenas unas llaves de las naves centrales, donde se acumulan los expedientes de pacientes sin ninguna seguridad”. Después el empresario consiguió que se cesara a los administradores judiciales y descubrió “que no habían hecho nada por la empresa sino expoliarla”.

Afectados y presunto estafador unidos por sus abogados

Es la defensa de López Vivar frente a los administradores judiciales la que le ha unido a los afectados a través de sus abogados. “Hicimos una reunión con los afectados y les explicamos que la única vía que encontramos para recuperar su dinero es a través de este nuevo procedimiento contra los administraciones judiciales”, explica uno de los abogados, “en paralelo López Vivar nos firma que cualquier cantidad que se recupere por este presunto expolio de los administradores irá en primer lugar a satisfacer a los afectados que nosotros representamos”, añade.

Los afectados representados por Durán y Durán, alrededor de 100 personas, no han querido hablar directamente con este periódico por estar “abierto el procedimiento judicial”.

Mientras se dilucidan ambos procedimientos, el de la presunta estafa de López Vivar y la de los administradores, López Vivar asegura vivir de lo que le “prestan los proveedores”. “Con lo que me dejan al mes sobrevivo y ayudo a mi madre que tiene 73 años”, afirma el empresario, que en paralelo y a falta de capital sigue buscando socios para volver al negocio dental.

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