La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación del Gobierno de Ceuta ha decretado este domingo el «aislamiento obligatorio con vigilancia policial» de 121 personas con positivos confirmados de coronavirus y sus contactos directos residentes en dos barriadas de la periferia de la ciudad, Erquicia y Sidi Embarek, como «la forma más efectiva de limitar la propagación y contagio de la Covid-19».

Los decretos prohíben expresamente a los afectados salir de sus viviendas «bajo ningún concepto» y encargan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad «que supervisen la orden dictada por la autoridad sanitaria, para que, reforzando su presencia en ambas zonas, impidan incumplimientos que pongan en riesgo la salud pública de la población».

Según ha informado el Ejecutivo local en un comunicado a los medios, esta decisión se ha tomado después de que se hayan detectado al menos doce casos en diversos domicilios de ambas zonas en el mayor «repunte» de la pandemia en la ciudad tras la entrada de Ceuta en la segunda fase de la desescalada.

Dicho rebrote supone a ojos del Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) un «grave riesgo para la salud pública», un posible «retroceso» el proceso de derogación de las medidas de confinamiento más estricto y «una sobrecarga del sistema sanitario y de los servicios encargados de la detección de casos y contactos».

En la actualidad, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad está realizando seguimiento a 170 residentes como contactos de casos activos. Desde que se decretó el estado de alarma se ha hecho lo propio con 1.840 personas.

Las áreas de Sanidad y Servicios Sociales colaborarán para «atender las necesidades de aquellas personas que, obligadas a aislarse, no cuenten con medios o recursos para hacerlo adecuadamente en sus viviendas». En esos casos se les proporciona alojamiento, alimentos y medicamentos, asistencia para la recogida de basura o asistencia psicológica.

Desde el 15 de marzo la Administración autonómica solamente había decretado cuatro aislamientos obligatorios con vigilancia policial y ha denunciado a dos personas por vulnerarlos. Actualmente la Consejería de Sanidad se está planteando emprender acciones legales también «contra quienes acosen y amenacen al personal sanitario que se encarga de atender la línea 900 de información sobre coronavirus que está colaborando con gran dedicación y esfuerzo en el rastreo de contactos de casos positivos de la Covid-19».