El Gobierno de La Rioja ha acordado este miércoles cerrar todos los locales, establecimientos, servicios y actividades no esenciales del 22 de enero al 23 de febrero; y el confinamiento perimetral de sus 174 municipios, excepto para acudir a comprar bienes básicos, a trabajar, a centros sanitarios y educativos y a cuidar a personas que lo precisen, entre otras.

La presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, la consejera de Salud, Sara Alba; y el director general de Salud Pública, Pello Latasa, han detallado, en una rueda informativa, estas medidas «severas, con impacto en el ámbito social y educativo», que no desean adaptar, pero que son «absolutamente necesarias para volver a controlar la enfermedad», dado que la región afronta «una situación de transmisión comunitaria».

 «Tenemos que quedarnos en casa y limitar el contacto social a lo mínimo imprescindible», ha insistido Andreu, para quien, en estos momentos, los niveles de incidencia del coronavirus en La Rioja son «dramáticos», los de ritmo en los contagios son «alarmantes» y los de presión sobre el sistema sanitario son «insostenibles».

Estas medidas se han adoptado ante la «grave» evolución de la situación epidemiológica en la región y ha afirmado que la experiencia ha demostrado que la reducción drástica de la movilidad y de las interacciones sociales es «la única vía efectiva para reducir el ritmo de transmisión de la enfermedad. La única vía», ha dicho.

Ante el incremento de la presión asistencial que registra el Hospital San Pedro de Logroño, centro de referencia en la región, el Gobierno riojano está comprando material sanitario por si fuera preciso, incluso, pasar de las actual 54 camas UCI a 60, dentro de lo establecido en el Plan de Contingencia.

967 casos por 100.000 habitantes

La Rioja ha alcanzado este miércoles una incidencia acumulada a 14 días de 967 casos de covid-19 por 100.000 habitantes, que en Logroño suman 1.044; y la ocupación toral de la UCI del Hospital San Pedro de la capital riojana ha subido al 77,78 %.

Andreu ha indicado que su Gobierno concederá ayudas económicas a los sectores más afectados por la pandemia si así se acuerda con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, pero, para ello, es preciso que se aprueben los presupuestos regionales de 2021.

Desde el pasado día 16, la hostelería y los establecimientos con una actividad no esencial cierran a las 17 horas en La Rioja, comunidad que tenía el cierre perimetral hasta el próximo día 31, al igual que Logroño, Lardero y Villamediana; aunque, con las nuevas medidas, se ampliará el 23 de febrero.

Entre las nuevas medidas acordadas, también se incluye la supresión de cualquier tipo de reunión -hasta ahora limitada a 4 personas no convivientes-, salvo las unidades de convivientes y determinadas excepciones; y se mantiene el toque de queda entre las 22 y las 6 horas, a falta de conocer lo que se decida en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles.

La Rioja aún no ha llegado al pico de la pandemia, según Alba, quien ha recalcado que las medidas adoptadas están pensadas en reducir, al máximo, la congregación de personas, por lo que se ha determinado el confinamiento perimetral de todos los municipios.

También se establece el cierre, durante toda la jornada, de la atención al público en todos los locales y establecimientos minoristas, incluso en los mercadillos, excepto en los negocios considerados esenciales.

Toda la actividad educativa no reglada quedará suspendida, al igual que estarán cerrados los museos, archivos, bibliotecas y locales de espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio que no se consideren esenciales.

En hostelería y restauración solo podrán prestarse, exclusivamente, los servicios de entrega y recogida a domicilio, si bien los hoteles podrán continuar su actividad para uso de los particulares; y los centros comerciales permanecerán completamente cerrados los fines de semana para toda su actividad.

Alba ha insistido nuevamente en la recomendación de autoconfinamiento para toda la población y, de manera muy especial, para los mayores de 65 años.

Ha indicado que se ha abierto un expediente, del que no ha facilitado datos al ser reservado, por la presunta irregularidad sobre la administración, el pasado 13 de enero, de una dosis de la vacuna contra la covid; y ha incidido en que es un caso entre 8.049 vacunas ya administradas.