El sistema sanitario está en crisis, no hay más que fijarse en las protestas de los médicos de Atención Primaria de Madrid, Cantabria, Valencia.. Faltan recursos y médicos para poder asistir a los ciudadanos con mayor calidad, pero hay una partida presupuestaria que no para de crecer, la factura farmacéutica. 

El gasto farmacéutico público ha pasado de 15.110 millones de euros en 2014 a 20.939 millones en 2021. En esta factura el gasto farmacéutico hospitalario supone un 40% del total y el gasto farmacéutico en oficinas de farmacia, la parte de la receta que paga la administración, un 60% restante. Este cálculo no incluye la parte de copago que abonan los ciudadanos. 

Para las organizaciones de la sociedad civil esta situación está teniendo consecuencias sobre la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), vocal de la Comisión Central Deontología Organización Médica Colegial y ex presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) considera que “la factura farmacéutica es el agujero negro que está condicionando hasta nuestra forma de trabajar, está condicionando a un sistema que no le permite respirar y está condicionándolo todo”.

Según Rodríguez Sendín, “desde que saliera el tratamiento contra la hepatitis C, ha creado un paradigma de precio desorbitado sin justificación. Desde entonces no han hecho más que salir medicamentos más caros y esto ha ocasionado que el dinero que entra en el presupuesto se vaya en esta factura, como los presupuestos no son finalistas son globales lo absorbe todo”.

Entre los efectos que provoca esta situación cree que condiciona el trabajo de los médicos de manera que se produce un círculo vicioso que deriva en la medicalización de la sanidad . “Los médicos cada vez tienen menos tiempo y aunque no tenga nada el paciente sale con un medicamento”, explica. La falta de tiempo en el trato a los pacientes empuja a los médicos a soluciones medicalizadas aún cuando no se necesitan. Además, según Sendín el aumento de los precios de los medicamentos tiene un “coste de oportunidad para el sistema sanitario en crisis, como hay que seguir pagando los medicamentos hay que sacarlo de algún otro lado”, afirma.

Otro aspecto de la medicalización de la sociedad es el incremento de la automedicación. Según el V Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon,  uno de cada cuatro españoles se automedica sin prescripción médica. La mayoría (el 42%) lo hace porque saben lo que les va a recetar el médico y un 21% de los encuestados señalan las largas listas de espera para conseguir una cita como la razón de su automedicación. “Un medicamento mal administrado te puede matar”, recuerda Rodríguez Sendín.

Vanessa López, directora de Salud por Derecho, coincide con Rodríguez Sendín en que detrás de la subida de la factura están “los fármacos oncológicos y de enfermedades raras están teniendo un precio más elevado, vemos medicamentos para enfermedades raras que valen dos o tres millones de euros o medicamentos contra la dermatitis atópica que cuestan 15.000 euros por paciente al año”. 

Desde Farmaindustria defiende esta situación aduciendo que “las innovaciones promovidas por la industria farmacéutica han permitido curar patologías que antes no tenían remedio (como la hepatitis C), cronificar enfermedades mortales como el sida o lograr tasas de supervivencia en cáncer nunca vistas hasta ahora. Muchos de los nuevos medicamentos que son financiados, como las últimas terapias contra distintos tipos de cáncer, se dirigen a subpoblaciones muy reducidas de pacientes, lo que hace que aunque sus precios puedan ser relativamente altos, el volumen total de inversión farmacéutica derivada de su consumo no aumente en la misma proporción”.

Pero para Vanessa López el valor añadido de estos medicamentos, su valor incremental, no queda demostrado y no existe transparencia, la industria dice que le cuesta mucho pero sin demostrarlo. “Hay que cambiar el modelo de fijación de precios de los fármacos, los precios los pone el laboratorio de manera poco transparente y Sanidad tiene poco margen de maniobra. Creemos que los precios deben fijarse en función de los costes reales más un margen de beneficio razonable”, afirma López. 

Los precios deben fijarse en función de los costes reales más un margen de beneficio razonable»

Vanessa López, Salud Por derecho

Rodríguez Sendín pone el ejemplo de los medicamentos de la hepatitis C que variaba decenas de miles de euros de diferencia entre unos países y otros. “De los 300 dólares que vale el tratamiento de la hepatitis C se ha llegado a pagar 18.000 euros el tratamiento”, asegura el médico. 

Otra denuncia de estas organizaciones es que mucha de la investigación que utilizan los laboratorios parte de centros de investigación o universidades públicas. “Hay que introducir criterios de interés público en la inversión en I+D para que haya condiciones que limiten el precio de aquellos fármacos que han sido desarrollados con dinero público”, afirma López. Demanda que la sociedad no tenga que pagar dos veces por la misma cosa, por investigaciones públicas y por su introducción en el coste del medicamento desarrollado posteriormente. 

Desde Farmaindustria no lo creen necesario ya que consideran que “el Estado cuenta desde hace años con instrumentos muy potentes que permiten que la inversión pública en medicamentos se mantenga en valores sostenibles, como son la fijación de los precios por la Administración, el sistema de precios de referencia o los nuevos modelos de financiación pública”.

Pero para Rodríguez Sendín el sistema no funciona y lo achaca a la falta de transparencia que “evita que se pueda saber por qué tienen los precios que tienen. Es algo inaudito, no sabemos por qué cuesta lo que cuesta un medicamento y en función de qué. Y la administración está siendo colaboradora necesaria de esta situación”, asegura.