Llegué a la Audiencia Nacional el 16 de febrero de 1988 con la absoluta seguridad de que ante mí se abría un mundo nuevo, complejo y fascinante. Casi tres décadas después haciendo balance, puedo afirmar que en la Audiencia hemos vivido, durante las mismas, los principales hitos que marcaron la historia de este país. Soy consciente también de que mujeres y hombres -jueces, fiscales y funcionarios- que tuvimos oportunidad de conocer las bambalinas de esa historia, quedamos marcados por acontecimientos extraordinarios y siempre contrarreloj, intentando dar respuesta a lo que la sociedad demandaba en situaciones adversas y difíciles. No todos estuvieron a la altura, aunque en una efeméride como la de los 40 años (número fetiche en España) se tiende a olvidar lo negativo y resaltar lo positivo.

Mis recuerdos comienzan cuando la Audiencia llevaba ya un recorrido preliminar de transición muy duro (11 años y un mes) para superar los antiguos tribunales franquistas y dar una respuesta judicial democrática en un tema tan árido y difícil como el terrorismo, lacra que en ese momento constituía el primer problema de preocupación para la ciudadanía y para las instituciones. Confieso que mi impresión inicial fue de perplejidad. Salvo honrosas excepciones, la acción de algunos magistrados era laxa, delegando en la investigación policial lo que constituía y sigue constituyendo, para mí, la esencia de la dirección y de la inmediación judicial -ciertamente era la tónica en muchos juzgados- de la instrucción de las causas penales.

El juez se mantenía pasivo y simplemente ratificaba las decisiones policiales

El juez de instrucción no se desplazaba al lugar de los hechos, algo que yo no concebía. El juez se mantenía pasivo y simplemente ratificaba las decisiones policiales; los sumarios casi eran trasunto de aquellas actuaciones; las declaraciones se tomaban en presencia policial; no existía control alguno de la detención ni de la incomunicación.Creo que ese fue mi primer choque frontal con la judicatura clásica. Pero fue también un motor de cambio. Como yo, otros jueces y fiscales introdujeron una visión más dinámica en lo que debía ser la instrucción de los procesos y fue sin duda el inicio de una modernización de la estructura judicial muy necesaria.

Fueron épocas muy duras con demasiadas personas que dejaron la vida en ese camino hacia la democracia. Recuerdo a la fiscal Carmen García Tagle, cuyo asesinato fue un mazazo para todos nosotros. Como pienso en tantos otros compañeros y colegas que arrostraron el peligro con decisión. Hay muchas historias de valentía en la Audiencia Nacional durante esos 40 años. Aunque ahora afortunadamente nos hemos acomodado a una situación de normalidad, lo cierto es que hasta hace muy pocos años ETA mataba. Sin piedad. Y había que dar respuesta desde el Estado de Derecho.

Punto negro de la Justicia

Desde la Audiencia se defendió ese mismo Estado de Derecho cuando eran sus propias cloacas las que atacaban la base de la democracia. Los atentados de los GAL contra los bares Batzoki y Consolation; el secuestro de Segundo Marey; el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala, en el sur de Francia; los fondos reservados, en los que resultaron implicados, procesados y condenados mercenarios, altos y bajos funcionarios del Ministerio del Interior y políticos que hicieron trizas dicho Estado de Derecho y bloquearon la cooperación antiterrorista. Fueron temas difíciles y controvertidos en que se sufrieron presiones pero la verdad salió adelante. Pero como con tantos otros temas, todo se descubrió y ese es un punto negro de la Justicia y de los demás poderes del Estado en España.

En un ejercicio de memoria somero repaso aquellas fechas importantes en la historia de la Audiencia Nacional con las que he tenido relación: La prisión de Amedo y Domínguez en el caso GAL; la fuga de Paesa; el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil en el año 1988. El asesinato de la fiscal Carmen Tagle el 12 de septiembre de 1989, fecha que no olvidaré nunca; el asesinato del parlamentario abertzale Josu Muguruza. La operación Nécora contra el narcotráfico gallego en 1990, la detención y enjuiciamiento de las tramas de la heroína, los casos de blanqueo; el primer macrojuicio que vivió la institución, prolegómeno de otros muchos.

La liberación de Ortega Lara fue un hito fundamental, como lo fue el asesinato después de Miguel Ángel Blanco

La caída de la cúpula de ETA en Bidart en marzo de 1992; las detenciones en el caso Ucifa en 1992 que supusieron una autentica tormenta en la Guardia Civil. Y otra conmoción, las primeras detenciones en el caso Marey en diciembre de 1994 y las que les siguieron en enero y febrero de 1995, especialmente la del Secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; la elevación del suplicatorio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre Felipe González, José Barrionuevo y otros en ese mismo proceso. También apunto en 1995 la intervención en la detención del grupo de ETA que iba a asesinar al Rey Juan Carlos I.

Como no olvido el inicio el día 28 de marzo de 1996, del caso contra las Juntas Militares argentinas. Dos años y medio después tendría lugar, el 16 de octubre de 1998 la detención de Augusto Pinochet en Londres dentro de la investigación de la Operación Cóndor. Otro triunfo de la Audiencia Nacional en materia de Jurisdicción Universal.

En cuanto a ETA, la liberación de José Antonio Ortega Lara el 1 de julio de 1997 fue un hito fundamental, como lo fue el asesinato días después del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco; al igual que en 1998  el inicio de la primera actuación contra el entramado de ETA-KAS-EKIN, que marcó el comienzo del final para la organización terrorista, que pasaría por la detención en 2007 de 23 miembros de la cúpula de Batasuna en Segura (Guipúzcoa) hasta la detención de Arnaldo Otegi en 2009 y el abandono definitivo de las armas en octubre de 2011.

Sobre terrorismo internacional, fue en noviembre de 2001 cuando se detuvo a la célula terrorista de Al Qaeda relacionada con los ataques terroristas del 11 de septiembre. La Audiencia entendió asimismo el 11 de marzo de 2004 los atentados terroristas yihadistas en Madrid.

Y en diciembre de 2006, para evitar  situaciones que pudieran atentar contra los derechos humanos de los detenidos incomunicados por delitos de terrorismo, implanté el Protocolo para prevenir la práctica de la tortura y malos tratos contra los mismos, a la vez que se protegían las falsas denuncias contra los funcionarios. Un sistema adecuado y sometido a la normativa internacional de Europa y Naciones Unidas y que veo con disgusto que no todos mis colegas han seguido. España ha sufrido ya ocho avisos por falta de investigación de estos hechos en ciertos juzgados de instrucción.

Primeras detenciones en el ‘caso Gürtel’

Otra fecha significada en esta historia que comparto fue el 16 de octubre de 2008 con la aceptación de la competencia en el caso del franquismo. Y claro, el 6 de febrero de 2009 cuando se produjeron las primeras detenciones en el caso Gürtel que ahora, casi nueve años después, enjuician los magistrados la Sección II no con pocos conflictos previos y especialmente dolorosos.

No se pueden olvidar nombres como los de Ildefonso Villagómez; el fiscal José Aranda, Eduardo Fungairiño, el Presidente Fernando de Mateo Lage, Rafael Mendizábal, Clemente Augerlos, fiscales antidroga, Enrique Abad, el teniente fiscal antidroga Javier Zaragoza; la fiscal Dolores Delgado, que comenzó y cosechó éxitos en la lucha contra la droga y continuó haciéndolo después con entrega y suma eficacia en la acción contra el terrorismo, especialmente el yihadista; Siro García, un hombre entregado y preocupado por la justicia; José Ricardo de Prada, defensor de la Jurisdicción Universal; Carlos Bueren, Fernando Andreu, que siempre ha hecho gala de su independencia y un trabajo minucioso o Santiago Pedraz, que se ha enfrentado a situaciones difíciles con entereza; los fiscales anticorrupción, en su difícil labor. Y en general los demás fiscales y magistrados y letrados de la Administración de Justicia.

Mención aparte merecen los funcionarios y las funcionarias de la Audiencia y de los Juzgados que han entregado horas y horas y vida completa en un trabajo arduo y poco reconocido y sin los cuáles no hubiera sido posible el cumplimiento de impartir justicia y dar satisfacción a las víctimas.

Casi siempre ha salido victoriosa la responsabilidad y la ciudadanía ha sido protegida debidamente

Dentro de esas páginas ilustres que ha escrito la Audiencia yo destacaría la etapa dorada en que la Jurisdicción Universal que, lejos de ser, como afirman algunos caracterizados por la torpeza y la fragilidad de una desmemoria propia de épocas pretéritas, un instrumento de imposición imperialista, ha ofrecido una lección de justicia al mundo contra la impunidad. El propio Tribunal Constitucional así lo reconoció, y la práctica totalidad de los convenios referidos a Derechos Humanos y Derecho Humanitario, exigen aplicar. Desafortunadamente, intereses alejados de las víctimas y más próximos a quienes se benefician con la meritada impunidad, han dispuesto el recorte drástico de ese principio, lo que dificulta hasta graves extremos la persecución de los crímenes más graves contra la comunidad internacional como son los de terrorismo, narcotráfico, lesa humanidad, genocidio, guerra y corrupción, entre otros. Esa es la renuncia más absurda y dañina que se ha producido en nuestro país que, de ser pionero en su aplicación, se ha convertido en un pálido devoto de la indiferencia frente a los más necesitados de protección.

En todo caso, nunca podré olvidar aquella imagen de una Sala Penal en pleno, votando a final de octubre de 1998 de la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena que dieron la vuelta al mundo y que hicieron recuperar la esperanza en millones de víctimas de una justicia posible.

Como parte de esta Audiencia Nacional que he vivido y como mis compañeros, protagonizado, hay una mención especial a los periodistas y a los medios de información. Una historia de amor y desamor permanente; de medios informativos con y sin intereses; de tensión continua entre lo que sale publicado y la instrucción en marcha que tantas veces, ¡Ay! Ha podido peligrar por un artículo que se publica en mal momento. En esa relación especial se hacen buenas relaciones y relaciones espantosas. Y es fascinante comprobar para un juez cómo, si en determinado momento un medio informativo te alaba, tiempo después puede desprestigiarte si la deriva del asunto no coincide con su visión o con la de aquellos a los que responde. Pero, a pesar de esas disfunciones, casi siempre ha salido victoriosa la responsabilidad de unos y otros y, finalmente, la ciudadanía ha sido protegida debidamente.

Una visión que muchas veces se refiere a la política. Me inquieta que en los últimos tiempos la Audiencia Nacional sufre demasiados coletazos del interés que se despierta en los políticos cuando la actuación de la justicia contradice los afanes de los poderosos. Así, además de la Jurisdicción Universal, cuando los asuntos afectan o se refieren a un grupo empresarial o bancario determinados o a un partido en particular, momento en el que se ponen en juego todos los resorte, y, no precisamente en favor de la justicia.

La Audiencia Nacional debe evolucionar, perfilando los asuntos que sí debe tratar y excretando los “ruidos”

Es una sombra que puede llevar a considerar como delitos terroristas hechos que no pasan de la ofensa rozando la mala definición de la libertad de expresión. De nuevo una instrumentalización que se torna sumamente peligrosa porque satisface más a intereses particulares que a los generales, que mejor se defenderían fuera de los muros de la Audiencia Nacional. Titiriteros con guiones mal interpretados, redactores de tuits de muy mal gusto, jóvenes en protestas desafortunadas, enfrentamientos con agentes del orden o críticas a himnos o a la configuración territorial del estado, como si este fuera una verdad inmutable e intangible. Todos ellos han acabado en esa instancia de forma sorprendente en un afán del partido en el gobierno de incordiar a determinados partidos de la oposición. Y para eso no está la Justicia.

¿Cuál es el futuro? La Audiencia Nacional debe evolucionar, perfilando los asuntos que sí debe tratar, excretando todos aquellos “ruidos” que provocan la política y los intereses ajenos que pueden hacer olvidar el objetivo de combatir el crimen organizado y tratar el terrorismo desde la visión del Derecho. Y sobre todo, perfilando los nuevos objetivos que un mundo cambiante plantea. Hay mujeres y hombres en esa institución muy bien preparados. Contamos con fiscales excelentes y con magníficos jueces.  Y con funcionarios aguerridos capaces de afrontar cualquier circunstancia.

Ahora, al menos en el ámbito penal de la Audiencia Nacional, es el tiempo de la renovación en quienes dirigen y tienen la obligación de ejercer la acción penal, formar equipos que actúen como un solo elemento, para protegernos a todos de las amenazas que se ciernen en un futuro incierto; superar una dirección a veces errática en el desarrollo de la función de juzgar, lejos de servilismos políticos que, a no dudarlo, se quieren perpetuar. No sería razonable desaprovechar tanto conocimiento y tan buena experiencia.  Los ciudadanos no lo merecen y la Justicia, tampoco.


Baltasar Garzón, Magistrado juez titular del Juzgado Central de Instrucción 5 entre febrero de 1988 y febrero de 2012. En la actualidad ejerce como abogado.