La periodista y activista franco-vietnamita Tran To Nga protagoniza una batalla judicial en Francia que se remonta a los ataques químicos que llevó a cabo el Ejército estadounidense contra la población de Vietnam entre 1962 y 1971. Una decena de multinacionales, entre ellas Dow Chemical o Bayer Monsanto, fabricaron y comercializaron el Agente Naranja, un herbicida y defoliante capaz de causar daños irreversibles en la naturaleza y en la población. Este producto químico provocó que Tran To Nga perdiese al hijo que esperaba, mientras que sus otras dos hijas y sus nietos nacieron con malformaciones.

El Agente Naranja no sólo destrozó vidas humanas, sino que también acabó con los cultivos del país. En 1972, el ex primer ministro sueco Olof Palme calificó por primera vez desde un estrado internacional, la Cumbre de Estocolmo, a este atentado contra la naturaleza como un ecocidio. El término no era suyo. Lo había acuñado dos años antes una abogada británica llamada Polly Higgins, que decidió abandonar su carrera para dedicarse a lograr que el ecocidio fuese reconocido como crimen universal bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Higgins murió hace dos años sin ver materializada su meta y ahora varias asociaciones medioambientales se han hecho cargo de su legado.

Las organizaciones Stop Ecocidio, Extinction Rebellion (XR) y Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) entregaron este viernes al Gobierno español su manifiesto para solicitarle que apoye esta iniciativa legal, como ya le reclamó en diciembre la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados cuando aprobó -con solo el rechazo de Vox- una proposición no de ley para incluir el delito de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en el Derecho Penal español. De esa forma, el Ejecutivo español se uniría a los de Bélgica, Vanuatu y las Maldivas, que ya mostraron su apoyo a la iniciativa en la CPI, y al presidente francés, Emmanuel Macron, que aseguró hace un año que compartía "la ambición" de crear el crimen internacional del ecocidio.

"Cuando se estaba redactando el borrador del Estatuto de Roma, que es el documento que rige la CPI" y que se adoptó en 1998, "el ecocidio figuraba como uno de los crímenes más atroces que puede cometer la humanidad", explica para El Independiente Maite Mompó, directora de la Campaña Stop Ecocidio. Finalmente, no se incluyó. Polly Higgins escogió la Corte Penal Internacional para que incorporase el delito de ecocidio, porque ya se había añadido en 2002 un cuarto crimen, el de agresión, a los originales de genocidio, guerra y lesa humanidad que tipificó la CPI desde sus inicios.

"El objetivo final es modificar el estatuto de la CPI para que el ecocidio sea el quinto crimen de competencia de la Corte", aseguraba el viernes Rodrigo Lledó, director de la Fundación FIBGAR y miembro del panel de expertos que están consensuando una definición de ecocidio "consistente", en la rueda de prensa en la que se anunciaba la entrega del manifiesto Stop Ecocidio al Gobierno. "Una vez que los países ratifiquen la modificación del Estatuto de Roma, automáticamente este delito pasaría a formar parte de las legislaciones nacionales", apunta Maite Mompó.

Ecocidios nacionales e internacionales

Los daños graves, sistemáticos y generalizados que culminan con la destrucción de la naturaleza y del ecosistema serían tratados en la CPI como ecocidio a partir de la incorporación del delito. De esta forma, la justicia internacional y la nacional de cada país contaría con el respaldo legal para actuar ante atentados medioambientales, como el cambio climático o la contaminación que generan los plásticos a escala mundial, pero también los tribunales nacionales tendrían la potestad para sancionar a los causantes de los ecocidios que se produzcan dentro de sus propios territorios, señala Maite Mompó.

La Justicia de Países Bajos emitió la pasada semana una sentencia "ejemplarizante", según José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace en procesos ambientales. Siete asociaciones en defensa del medioambiente denunciaron que la petrolera Shell por entender que sus acciones suponían una amenaza los derechos humanos por las inversiones en combustibles fósiles que realizaba la compañía. Por primera vez en la historia, los tribunales concluyeron que una empresa era responsable del cambio climático y obligó a Shell a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% neto para finales de 2030. "Era curioso que, mientas en Países Bajos se dictaba ese fallo, en España se juzgaba a ocho activistas de Rebelión por el Clima y de Greenpeace por haberse manifestado en la sede de Repsol, aunque finalmente han sido absueltos", comenta el letrado.

En España, la directora de la campaña Stop Ecocidio destaca los desastres naturales que se han producido en el Mar Menor y en la ría de Huelva, que han sido llevados a los juzgados por asociaciones que apoyan esta iniciativa, como Greenpeace. Asimismo, "los incendios en la Amazonía, las minas a cielo abierto o los problemas de contaminación que genera la extracción de petróleo" serían otros ejemplos de ecocidio, según esta experta.

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Delitos contra los recursos naturales en España

En España hay un Título en el Código Penal dedicado a los delitos contra los recursos naturales. "Pasamos de tener un artículo en el CP a tener un Título con un montón de artículos, pero necesitamos una Administración de Justicia acorde a la aplicación de esos tipos penales y sólo tenemos la Fiscalía de Medioambiente. No tenemos una Justicia especializada en medioambiente", indica José Manuel Marraco, que incide además en que "tendría que haber una dotación de expertos ambientales que asesorasen a los jueces" en este tipo de procesos. 

Nuestro Código Penal castiga "de forma bastante amplia y adaptada a las Directivas europeas" los daños medioambientales, "pero ninguno de los tipos penales está pensando en conductas tan graves como el ecocidio", afirma Carmen Alastuey, profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza. El delito más parecido al ecocidio que se puede encontrar en la legislación española es el regido por el artículo 325.2 del Código Penal, que hace referencia a las conductas que "pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". Esta infracción tendría una pena de prisión de dos a cinco años.

Esta tipificación se queda, en opinión de esta experta, "algo corta", por lo que "la introducción del ecocidio entre los delitos que son competencia de la CPI daría lugar a una reforma del CP para introducir un tipo agravado que recogiera esas conductas más graves", apunta Alastuey. El ecocidio podría configurarse a su vez en España "como delito independiente entre los delitos contra los recursos naturales", refleja.

Según Marraco, la incorporación del ecocidio como delito universal serviría de ayuda para frenar atentados contra la naturaleza, ya que "es una figura más de protección", pero recalca que "las leyes por sí solas no solucionan los problemas". Este letrado asegura que "la normativa ambiental siempre llega más tarde de lo que debería aplicarse, como ocurre con la Ley de Cambio Climático". Por lo tanto, "que exista la figura del ecocidio puede ser un avance, pero todo depende de cuáles sean los medios que tenga para desarrollarse y su aplicación", sostiene.