Santander tomará "las medidas que convengan" si se aplica una tasa a la banca

A Banco Santander no le suenan nada bien los planes fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha dejado claro este miércoles el consejero delegado de la entidad José Antonio Álvarez al advertir de que el banco se replanteará su estructura legal si el Ejecutivo aprueba nuevos impuestos que supongan una doble imposición a los ingresos que obtengan en el exterior las multinacionales españolas.

El banco que preside Ana Botín obtiene cerca de 4.000 millones de euros en dividendos de sus filiales en el extranjero, que ya se ven gravados en sus mercados de origen con tasas de hasta el 40% en Brasil, y que se enfrentan ahora a la amenaza de una nueva imposición en España, en virtud de los planes que maneja el ministerio de Hacienda, que dirige Maria Jesús Montero. "Si alguien como nosotros, que depende críticamente del dividendo de las filiales, tiene que, sobre un dividendo que ya ha pagado impuestos en el país de origen, pagar otro, esto puede afectar a la morfología de las entidades", señaló Álvarez durante la comparecencia para explicar los resultados del banco en el primer semestre.

El consejero delegado de Santander que ha preferido no pronunciarse de forma específica sobre un posible impuesto a la banca, a falta de más detalles, tampoco ve de recibo la posible exigencia de impuestos sobre rentas no generadas y ha subrayado que el banco ya pierde dinero por el mero hecho de mantener en España su centro corporativo.

Aunque sus palabras han sido interpretadas como una amenaza sobre un posible traslado de las sedes, Álvarez ha descartado que esa posibilidad se haya planteado y ha preferido no entrar en detalles sobre cómo se articularía ese cambio de estructura. "Tenemos que tomar decisiones acordes con los datos encima de la mesa, no hay ninguna intención de hacer algo o no; dependiendo de lo que se haga tendremos que tomar las decisiones que convengan", ha señalado el consejero delegado.

Álvarez cree que los planes del gobierno pueden penalizar el negocio exterior de las multinacionales españolas

Desde Santander consideran que su planteamiento puede ser imitado por otras muchas empresas en el caso de que el Gobierno lleve a cabo una reforma fiscal que resulte lesiva a los intereses de las multinacionales y puede penalizar la presencia exterior de las empresas españolas.

Álvarez ha advertido de que, para llevar a cabo un cambio en el sistema fiscal es "razonable" que se busque evitar efectos colaterales "que puedan ser contrarios a lo que se persigue", y cree que la prioridad del Gobierno debería ser "crear empleo" y reducir la deuda externa. "España tiene una deuda externa neta cercana al PIB y de ahí deriva alguno de los problemas de los que hablamos. Sí que nos gustaría que el sistema fiscal pensase en un ahorro a largo plazo, porque al final somos el único país de los grandes que tiene deuda externa neta negativa. En España financiamos los déficits con ahorro externo y eso nos hace ser significativamente más vulnerables", ha lamentado.

El número dos de Santander también se ha referido a la decisión del banco de reclamar a Hacienda unos 1.000 millones de euros en créditos fiscales de Banco Popular. Álvarez ha recordado que los créditos fiscales se generan porque en España no se devuelve dinero a las empresas cuando pierden, así que es un derecho reconocido que ha pedido mantener porque si se revisa el pasado la seguridad jurídica del país sería "baja".

Integración de Popular

Respecto al proceso de integración del banco adquirido por un euro en junio de 2017, el consejero delegado de Santander ha detallado que esperan recibir después del verano las autorizaciones para proceder a la integración legal e iniciar la fusión operativa a partir del mes de noviembre. "Estamos a la espera de recibir las autorizaciones para proceder a la integración legal, que debería ocurrir en septiembre y octubre, y estaremos preparados, a partir de noviembre, para empezar la integración operativa del banco", ha explicado Álvarez.

El calendario previsto por Santander para la integración de Popular contempla una primera etapa para integrar los servicios, que ya está completada; una segunda etapa menos visible relativa a la tecnología y operaciones, "que ya ocurre y seguirá ocurriendo a lo largo del tiempo con un grado de intensidad más bajo", y una tercera etapa de cara al cliente, relativa a la integración de oficinas y la adaptación de la plantilla.

Esta tercera etapa comenzará en noviembre y finalizará -previsiblemente-- en el mes de junio de 2019, según Álvarez, quien no ha proporcionado más detalles sobre los efectos que tendrá la integración en el reajuste de oficinas y plantilla. "En cuanto a personas, primero tenemos que hablar con los representantes de los trabajadores y, para oficinas, hay que hacer un análisis muy detallado que no está acabado, pero que estamos haciendo caso por caso para no generar disfunciones", ha asegurado.

Según ha explicado, la entidad no cerrará oficinas únicamente por criterios de proximidad de sucursales, sino que tendrá en cuenta el flujo de clientes y otros elementos que determinarán cómo dar el mejor servicio a sus clientes.