El presidente del Gobierno ha presentado el llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa de España y de Europa tras su aprobación en el Consejo de Ministro. Lo ha hecho cuando el foco mediático está en Roma. No es casual. En toda su comparecencia Pedro Sánchez ha insistido en el carácter "pacifista" de su Gobierno y ha tratado por todos los medios de disimular que el 20% de la inversión prevista en ese Plan irá destinada a comprar armamento.

Sánchez aseguró que ya este año España cumplirá con el objetivo de aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB, adelantando en tres años el compromiso que en 2014 había adquirido Mariano Rajoy. Para ello, el Plan contempla una inversión extra de 10.471 millones de euros. Las partidas más importantes se concentrarán en la mejora de las condiciones y el equipamiento de la tropa y en inversiones en ciberseguridad (un 66% del total). Pero habrá también un desembolso de cerca de 2.000 millones en compra de armas. ¿Qué tipo de armamento se adquirirá en los próximos ocho meses? A eso no se refirió el presidente durante su larga comparecencia.

Incluso, en su empeño por disimular que España se ha visto forzada a subir su presupuesto en Defensa por imposición de la OTAN, Sánchez se inventó un término nuevo: "crisis securitaria". El adjetivo 'securitario' no figura en el diccionario de la RAE, pero el presidente le ha dado carta de naturaleza quizás porque piense que resulta menos belicista a oídos de los ciudadanos. "No soy yo el que ha cambiado. Lo que han cambiado han sido las circunstancias", se disculpó. Hay que recordar que una entrevista hecha cuando ya era secretario general del PSOE dijo que si tuviera que suprimir un ministerio sería el de Defensa.

El presidente se apoya en la Constitución para hurtar a las Cortes el control de una decisión política muy relevante

A preguntas de los periodistas, el presidente aclaró que no piensa someter este Plan al control del Congreso de los Diputados. Se apoyó en los artículos 97 y 134 de la Constitución para justificar que el aumento de más de 10.000 millones de gasto en defensa no requiera de la aprobación de las Cortes.

Está claro que el presidente no quiere llevar el Plan al Congreso porque teme perder la votación. Desde luego, los partidos de izquierda y los independentistas, sus socios, votarían en contra y el PP y Vox seguramente también, aunque ambos partidos compartan la idea de que hay que aumentar el gasto militar.

Aunque legalmente la treta sea discutible, desde el punto de vista político la decisión de eludir el control de las Cámaras no se sostiene. Si, como el presidente afirmó, con este Plan se garantiza la seguridad de los ciudadanos españoles y europeos, se mejora la tecnología de nuestros sistemas de ciberseguridad e incluso se genera empleo, no tiene sentido que no lo someta al veredicto de los diputados.

La decisión del presidente es una prueba más de su particular forma de gobernar. Las Cortes sólo sirven para ratificar decisiones del Gobierno que cuentan previamente con una mayoría. Mientras tanto, su papel es prescindible.