El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar contemplaba bajar a 38,5 horas la jornada laboral en 2024. Ante la falta de acción, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decidió impulsar únicamente de la mano de los sindicatos la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas -sin merma salarial- sin que el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo compartiese los tiempos y sin tener el apoyo de la patronal.
Tras semanas de tensión con Economía, Díaz y Cuerpo consiguieron aplacar la tensión. El pasado jueves, la vicepresidenta daba a conocer que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley este martes para su remisión a las Cortes, donde se someterá a una tramitación parlamentaria pendiente del apoyo de los socios de la coalición entre PSOE y Sumar.
El paso por la mesa del Consejo de Ministros será justo dos días antes de las movilizaciones del 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores). La reducción de jornada será precisamente una de las principales reivindicaciones de los actos organizados por las grandes centrales sindicales. Y en opinión de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), eso supone un "evidente oportunismo político".
Díaz acordó con CCOO y UGT en diciembre de 2024 llevar ante el Congreso el proyecto de ley, como tarde, el 31 de diciembre de 2025. El criterio del ministerio de Cuerpo recomendaba retrasar la reforma hasta tener atados los apoyos en el Congreso e incluir medidas adicionales y flexibilizar algunos puntos para "acompañar a las empresas".
Las principales organizaciones patronales, por su parte, se borraron de la mesa de diálogo al entender que la jornada laboral debe fijarse por la vía de la negociación colectiva. Recibidos los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES), la reforma pasará por segunda vez por el Consejo de Ministros. Y las distintas patronales -marcadas por el conflicto interno entre CEOE y Cepyme- hacen frente común.
En un comunicado difundido tras el anuncio de Díaz, la CEOE presidida por Antonio Garamendi alerta "del grave impacto que la aprobación de esta norma va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas". Por ello, reclaman a los grupos parlamentarios "responsabilidad" durante la tramitación de la norma.
Por su parte, fuentes de Cepyme señalan a este diario que "la decisión de aprobar la reducción de jornada muestra que se está gobernando primando más el anuncio populista que el interés general". La patronal que preside Gerardo Cuerva denuncia que es "una norma sin memoria económica, y que perjudica gravemente a las pymes, que son las que más lejos están de las 37,5 horas".
Trabajo calcula que habrá cerca de 12 millones de trabajadores que podrían beneficiarse de la reducción de jornada cuando entre en vigor. "¿Cómo van a soportar las empresas ahora un incremento del 6% de salarios? Es una subida indiscriminada e injustificada que supone una clara intervención en el sistema de los convenios", reprochan desde Cepyme.
Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), considera "inaceptable que el Gobierno emplee el Consejo de Ministros para imponer, de forma unilateral y oportunista, una medida tan lesiva como la reducción de jornada laboral". "Se está atacando frontalmente al diálogo social y despreciando el papel de los empresarios, especialmente de las pymes, que sostienen el empleo en este país", añade.
Desde la patronal catalana Foment del Treball indican que "el diálogo social es uno de los grandes éxitos de la democracia española" y creen que "no se puede violentar de esta manera". Esta posición podría condicional el apoyo de Junts a la norma en el Congreso, lo que complicaría seriamente su aprobación.
Entre otras cosas, la reforma implicará la reformulación del control horario, que deberá estar preparado a los seis meses de que entre la ley en vigor. Implicará que la Inspección de Trabajo podrá saber qué jornada hace cada trabajador en tiempo real.
Efecto en las pymes
Las pymes (empresas con menos de 250 trabajadores) representan el 99,8% del tejido empresarial español. Cuanto más pequeña es la empresa más vulnerable es ante cambios del entorno. Así lo mostraba el Indicador Cepyme correspondiente al cuarto trimestre de 2024, mientras que las pequeñas empresas y microempresas acumulaban un aumento de los costes laborales del 25,1% desde 2021; las medianas empresas acumulaban un 19%.
El informe señala que la subida del salario mínimo interprofesional era "la principal explicación de por qué los costes laborales suben proporcionalmente más en las empresas de menor tamaño". El salario promedio de las empresas más pequeñas es menor dada su productividad media más reducida. Así, un mismo incremento del salario mínimo tiende a impactar proporcionalmente más cuanto menor es el tamaño de la empresa.
Además, el Informe especial sobre el impacto de la reducción de la jornada en las pymes [también de Cepmye] explica que, de mantenerse el nivel de salarios actual, conllevaría un mínimo coste directo de 11.800 millones de euros. Asimismo, según ha destaca la patronal de Cuerva, la medida produciría diferentes impactos en las compañías afectadas difíciles de prever". Por ejemplo, de una caída de la producción, a la contratación de nuevos empleados o a la realización de horas extras.
También estiman que una reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas implicaría la pérdida de 12,5 millones de horas por semana, lo que equivale al 2,8% del tiempo de trabajo total. Aunque afectaría de forma distinta en cada sector de actividad.
Los sectores más afectados serían, por amplia diferencia, la hostelería y el comercio. No solo porque la jornada media de ambas actividades debería reducirse más de un 4%, sino porque tienen a 3,4 millones de empleados cubiertos por convenios colectivos. En el extremo contrario, en la administración pública, finanzas y seguros y educación, el tiempo de trabajo medio debería recortarse menos del 1% para alcanzar a 37,5 horas por semana.
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2 Comentarios
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hace 3 segundos
El gobierno formado en su mayoría por funcionarios, profuncionarios y empleados públicos ya está implementación ese horario entre su personal, incluso empresas públicas y entes públicos con déficit se suman a la jornada laboral de 35 horas semanales, como: ADIF, Renfe, Correos…, además de ampliar plantillas. Mientras empresas privadas con beneficios tienen más horas y reducen plantillas. Encima les pagamos la fiesta de su sanidad privada MUFACE que nos cuesta más de 4.800 millones de euros, cada dos años. Norrrrrrrmal son gobiernos de funcionarios, ha crecido el empleo público un 2,3% más que el de la privada, nos van llamar FunciSpain.
hace 7 horas
No es cuestion de que las empresas se enfurezcan;sencillamente es que lo que en unas condiciones puede propiciar la contratación de X trabajadores nuevos,en otras ello no es factible y se limitan a contratar algunos menos de los previstos y,en algunos casos,a desistir de nuevas contrataciones.
El problema está en que a algunos políticos y partidos en realidad les importan un pimiento los tabajadores,sencillamente los utilizan.