La jueza que investiga la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, da por bueno que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisara mediante correos electrónicos del desbordamiento del barranco del Poyo durante la reunión de emergencia celebrada en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) la tarde del 29 de octubre, día en que se produjo la tragedia. El presidente de la CHJ, Miguel Polo, ha sido llamado para comparecer como testigo.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja mantiene imputados en esta causa a la exconsejera de Interior y Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, y a su exnúmero dos, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que pidió la imputación de Polo. Como ha venido exponiendo en sus escritos, considera que ambos contaban con información suficiente para haber alertado a la población antes de la riada, lo que pudo haber evitado muchas de las muertes que se produjeron aquella tarde. No avala, por tanto, la tesis del "apagón informativo" esgrimida por las defensas, y tampoco comparte que la responsabilidad traspase las fronteras de la Generalitat.

En sus declaraciones, tanto Pradas como Argüeso señalaron a los responsables de la Confederación por su actuación el 29 de octubre. La exconsejera tachó su actuación de "negligente". Sin embargo, Ruiz Tobarra, tras escuchar las explicaciones de los investigados, mantiene que la forma de proceder de la CHJ —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— no fue incorrecta, y que la información que los técnicos del Estado pusieron a disposición de los responsables de la Generalitat fue suficiente, así como también lo fueron los canales a través de los cuales la difundieron. Como indicó en un auto este viernes, esgrime que "más allá" de los correos electrónicos había que "atender a la información que se proporcionaba por el SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica)".

La CHJ envió dos correos: uno a las 16:13, en el que indicaba que el caudal del barranco del Poyo se encontraba en descenso, y otro a las 18:43, en el que alertaba del desbordamiento del mismo. Argüeso declaró que este último mensaje nunca llegó al Cecopi y recalcó que Miguel Polo no informó en ningún momento de la situación en ese barranco ni mencionó el correo. Pero la jueza alude a los avisos de la aplicación SAIHWIN y al informe de la Confederación que consta en el sumario, que explica que las notificaciones de esta aplicación eran accesibles para el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a través de la aplicación.

Los datos recogidos por el sistema SAIH reflejaron un crecimiento constante del caudal del barranco a partir de las 18:00: 493,3 m³/s a las 18:00 horas; 809 m³/s a las 18:15; 1.387 m³/s a las 18:30; y 1.941 m³/s a las 19:10, entre otros registros. Esta información, insiste la jueza, estaba disponible para los responsables autonómicos en tiempo real. La alarma no se envió hasta las 20:11.

En este sentido, Ruiz Tobarra rechaza que Pradas y Argüeso pudieran limitarse "a esperar que se le informara", cuando "datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance". Por ello, considera "difícilmente admisible la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia", y explica que "no es admisible en modo alguno que se desconozca por el Secretario Autonómico el SAIH ni la forma de acceso a los datos". Añade que "en el caso de que fuera así", dicha "ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia".

La magistra ha rechazado imputar a Polo, al igual que a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Razona que el Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil, y rechaza que la declaración de la situación de emergencia nacional —que puede solicitar la delegada— fuera necesaria para advertir a la población.

"Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición", recalcó en su último escrito.